viernes, 2 de diciembre de 2011

Derecho Comunitario



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Derechos aplicables del Derecho Comunitario


a) Primacía: El Derecho emanado de las instituciones comunitarias en ejercicio de su poder normativo prevalece sobre el Derecho nacional. Este carácter de supremacía se fundamenta en la cesión de soberanía que los Estados miembro realizan en favor de las instituciones europeas.

b) Aplicabilidad directa: El Derecho comunitario se integra en los ordenamientos jurídicos de los países miembros, de manera que no necesitan de fórmula especial alguna para que sea insertado y pase a formar parte de los distintos ordenamientos jurídicos internos.

c) Efecto directo: Los particulares tienen derecho a invocar ante los tribunales ordinarios las disposiciones del Derecho comunitario, e igualmente, éstas les conceden de manera directa derechos y obligaciones. Cabe distinguir en primer lugar el llamado "efecto directo vertical", que es aquel que surge por la posibilidad del particular de invocar disposiciones del Derecho comunitario ante los Estados miembro. También se ha de mencionar el "efecto directo horizontal", que consiste en la posibilidad de que el particular lo invoque frente a otros particulares. Este segundo tipo cuenta con muchísimas más limitaciones.

d) Posibilidad de alegación: Casos en los que pese a no existir efecto directo en una norma comunitaria, ésta puede ser alegada por el particular ante el juez nacional para apoyar una pretensión.

e) Responsabilidad del Estado por incumplimiento: Esta característica surge a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de noviembre de 1991, en el asunto Francovich y Bonifaci. Se admite que cuando el Estado miembro incumple las obligaciones de transposición de una Directiva comunitaria, genera una desprotección de los particulares por la ausencia de aplicación práctica de derechos que le corresponden acorde al ordenamiento jurídico comunitario. Esa desprotección, imputable al incumplimiento de las obligaciones del Derecho comunitario por parte del Estado, hace surgir la responsabilidad de éste, de manera que el particular podrá obtener una reparación, indemnización que garantiza la plena eficacia de las normas y la plena protección de derechos.

Fuentes del Derecho Comunitario

Derecho originario:

El Derecho originario es aquel contenido en los diversos tratados que los Estados miembros suscriben, siendo las fuentes de mayor rango, y aquellas que posibilitan la aparición del Derecho derivado

Derecho derivado:

Reglamentos: Los reglamentos son normas jurídicas emanadas de las instituciones europeas que poseen efecto directo en los países miembro, y que prevalecen sobre el Derecho nacional de cada uno de ellos.

Directivas: Las directivas comunitarias son mandatos dirigidos a uno o varios países miembro, siendo competentes para su emisión el Consejo; la Comisión; y el Consejo junto con el Parlamento. Su rasgo más característico es la ausencia de eficacia directa en los Ordenamientos a los que va dirigida, necesitando de una transposición por parte del Estado miembro para que entren en vigor y hagan nacer en los ciudadanos derechos y obligaciones.

Decisiones: Son más limitadas porque, aún teniendo carácter obligatorio, no suelen tener carácter general, sino que se dirigen a destinatarios precisos. Se pueden comparar con los actos administrativos en el ámbito interno.

Dictámenes: El dictamen es un acto normativo de carácter no vinculante que expresa un juicio o una valoración.

Recomendaciones: No son de obligado cumplimiento, suele proceder de la iniciativa de una institución comunitaria y es una invitación para actuar de una determinada manera, el dictamen suele ser emitido a consecuencia de una iniciativa externa.

Derecho Penal Comunitario

Actualmente no existe un Derecho penal comunitario, pero sí existen posibilidades de incidir directamente en la creación de preceptos penales en el orden jurídico de cada país comunitario:

a) Creando preceptos penales en sentido estricto: ello supondría por parte de los estados la transferencia del ius puniendi situaciones que aun no se ha producido. Pero si no se puede hablar de un ius puniendi positivo si puede hacerse de un ius puniendi negativo: el principio de primacía que hace inaplicables las disposiciones nacionales contrarias al derecho comunitario y prohíbe al legislador nacional la criminalización de conductas lícitas a la de la legislación comunitaria.

b) Asimilación: el principio de la asimilación, deducida por el Tribunal de Justicia Europeo en el año 1989 en el conocido caso del maíz griego, en cuya sentencia se afirmó que a partir del art. 5 TCE, los Estados miembros tienen la obligación de perseguir un hecho dirigido contra la CE tal y como perseguirían un hecho comparable cometido dentro de las propias fronteras y que afectase exclusivamente a intereses nacionales. Este deber de protección nacional a favor de los intereses de la Comunidad experimentó un gran refuerzo en el Tratado de Amsterdam a través de los correspondientes deberes de coordinación y cooperación, en todo caso para la represión de fraudes dirigidos contra los intereses financieros de la Comunidad. Además en el Tratado de Maastricht de 1192, según el art. 31.d se establecía la cooperación judicial en materia penal, y según el art. 31.e la adopción progresiva de medidas que establezcan normas mínimas relativas a los elementos constitutivos de los delitos y a las penas en los ámbitos de la delincuencia organizada, el terrorismo y en tráfico ilícito de drogas. Por tanto la asimilación supone el reenvío a la normativa nacional penal. Y ello conduce a que dentro de un ámbito de actuación a nivel europeo, las normas nacionales sigan diferentes caminos, ya que la defensa de intereses nacionales propios no es idéntica en los distintos países, con lo que conductas punibles en uno de ellos pueden no serlo en otros, ni tampoco es equivalente las penas que a las mismas conductas se impone.

c) Armonización: supone la reducción de la desigualdad jurídica sin pretender una plena homogeneización jurídica. Pretende la armonización a través de Directivas que ordenan la creación de nuevas normas de derecho interno, con criterios compartidos que aseguren la igualdad, necesaria para el funcionamiento mismo de las comunidades. La armonización tiene lugar en tres pasos:

1º) Mediante la fijación de la UE de metas de reglamentación a alcanzar mediante los instrumentos previstos para ello. Son acuerdos sobre una política criminal común.
2º) Los Estados miembros tienen que adaptar de forma correspondiente en su Derecho penal y procesal penal nacional a esta fijación de metas. De qué manera y con qué método tenga lugar esta adaptación, puede dejarse al criterio de las legislaciones nacionales.
3º) Tiene que comprobarse por parte de los órganos comunitarios competentes, en qué medida se corresponden las adaptaciones nacionales a las metas previamente indicadas y en qué medida parece estar garantizada la compatibilidad con los otros ordenamientos jurídicos.

d) Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Otra forma de manifestación de la capacidad comunitaria para incidir afirmar en el ámbito penal es el Tribunal Europeo de Justicia de las CEE, fundamentalmente a partir del art. 5 Tratado de Roma, que obliga a los estados miembros a adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del tratado.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que tiene su sede en Luxemburgo, es una Institución de la Unión Europea a la que está encomendada la potestad jurisdiccional o poder judicial en la Unión. Su misión es interpretar y aplicar en litigio el Derecho comunitario europeo, y se caracteriza por su naturaleza orgánica compuesta y su funcionamiento y autoridad supranacionales. Hasta la entrada en vigor, el 1 de diciembre de 2009, del Tratado de Lisboa su denominación era la de "Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas".

En la Institución conviven dos órganos necesarios: el Tribunal de Justicia (TJ) y un Tribunal General (TG), creado en 1989. Coexisten también los llamados Tribunales especializados, que conocen en primera o única instancia de materias concretas.

Las sentencias del TJ y del TG tienen carácter vinculante en los Estados miembros. Como ya se expuso en prontas sentencias (Costa vs. ENEL) el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el garante de un ordenamiento jurídico propio que se ve asistido y aplicado también por los sistemas jurídicos nacionales.

A comienzos del 2007, el Tribunal estaba compuesto por 27 jueces y 8 abogados generales. Los jueces y abogados generales son elegidos de mutuo acuerdo por los gobiernos de los países miembro, otorgándoles un mandato prorrogable de 6 años. Cada 3 años se produce una renovación parcial de estos miembros. Son seleccionados de entre un conjunto de expertos juristas. El nombramiento del Presidente se produce cada 3 años, y su titular se extrae de entre los jueces. Son los propios magistrados quienes eligen por votación al Presidente del Tribunal, que tendrá un mandato renovable.

El Tribunal de Justicia puede recibir recursos directos o bien cuestiones prejudiciales. Respecto a los primeros, cabe destacar la legitimación que reciben los particulares, los Estados y las propias instituciones, de manera que cualquiera de ellos puede presentar recurso directo ante el Tribunal. En función de quién lo presente, y de cuál sea su objeto, los recursos directos pueden referirse al control de los órganos comunitarios, al contencioso de plena jurisdicción (procesos autónomos) y al control de los Estados miembros.

Respecto a la cuestión prejudicial, cabe destacar que surge de un órgano jurisdiccional de algún Estado miembro, que considera pertinente un pronunciamiento del Tribunal de Justicia acerca de la interpretación de los Tratados, de los actos de las Instituciones comunitarias, o de los estatutos de los organismos creados por un acto del Consejo que contemplen tal posibilidad. Al contrario que en el recurso directo, en la cuestión prejudicial se comparte la competencia con el órgano judicial que la hubiera planteado.