viernes, 2 de diciembre de 2011

Derecho penal y Derecho internacional



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El art. 96.1 CE dispone: “Los tratados internacionales válidamente celebrados una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional”.

Fuente del DI son los tratados internacionales multilaterales que obligan a los estados que los suscriben a adaptar sus leyes penales a las exigencias de la represión del delito a escala internacional.

Hay que distinguir Derecho Penal Internacional de Derecho Internacional Penal.

Derecho Penal Internacional: es el conjunto de principios de derecho que determinan el valor territorial de las normas y leyes penales respecto a las personas y los bienes jurídicos de un estado como miembro de la comunidad internacional.

Derecho Internacional Penal: es el Derecho Penal relativo a los hechos que perturban el orden público internacional y cuya estructura es puramente internacional. La existencia de este último requiere una voluntad jurídica internacional vinculante con obligatoriedad propia y con jurisdicción de carácter internacional ajena y por encima de la estatal

El DPI se refiere al alcance y eficacia de la ley penal de cada nación dentro y fuera del territorio mientras que el DIP queda referido a los delitos y a las penas internacionales.

El primer problema que plantea la creación de un DIP es el del poder punitivo que corresponde exclusivamente al estado y tan solo podrá operar dentro del territorio al que esa soberanía se extiende.

Las fuentes de ese DIP deberán ser los convenios y tratados que firmen los estados haciendo dejación de su soberanía y trasladando su poder punitivo a la organización internacional de la que el tribunal dependería. Ahora bien problema es que solo estarían sometidos al tribunal aquellos estados que previamente lo acepten. La soberanía popular y la vigencia universal de la Declaración de los derechos humanos podrían ser los bienes jurídicos a proteger.

En conclusión no existe un DIP, si bien existen tratados sobre la materia que tipifican conductas constitutivas de delitos, no hay un catalogo cerrado que recoja las reglas jurídicas de aquellas ni un tribunal que puede juzgarlos.