La antijuricidad (también escrita antijuridicidad) es la contradicción entre un hecho típico y el ordenamiento jurídico en su conjunto, es decir, el juicio que declara que una conducta típica no está amparada por ninguna norma permisiva. En la estructura del delito se sitúa tras la tipicidad y antes de la culpabilidad. Una vez comprobado que el caso de la realidad es subsumible en el tipo de delito previsto en la norma penal, esto es, que la conducta realizada es típica, el siguiente paso para dilucidar si se ha cometido un delito es la determinación de la antijuricidad: la constatación de que el hecho realizado es contrario a Derecho. La conducta típica y antijurídica constituye lo que se denomina injusto.
Qué es la antijuricidad en Derecho penal
La realización de un tipo penal no significa necesariamente que la conducta sea contraria a Derecho. Todavía cabe plantear si el comportamiento típico puede estar autorizado excepcionalmente por las denominadas causas de justificación: normas permisivas que autorizan de modo excepcional la realización del tipo. En determinadas condiciones, lesionar o matar a otro puede estar permitido, así, cuando la persona actúa en una situación de legítima defensa.
La consideración de una conducta como antijurídica se decide en función de todo el ordenamiento, pues es posible que para determinar si concurre una causa de justificación (que excluiría la antijuricidad) haya que acudir a normas no penales. Así, para determinar si el hecho no es antijurídico por haberse realizado en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo (art. 20.7.º del Código Penal), habrá que atender a la concreta regulación del deber, derecho, oficio o cargo de que se trate.
Antijuricidad formal
Se afirma que una conducta típica es formalmente antijurídica cuando supone una contradicción con el Derecho por no concurrir en el hecho ninguna causa de justificación. Por lo tanto, la antijuricidad formal no es más que la oposición entre un determinado hecho y el ordenamiento jurídico positivo.
El Código Penal no dice expresamente qué eximentes son causas de justificación, pero la opinión dominante considera que lo son, entre las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal del artículo 20, la legítima defensa (art. 20.4.º), el estado de necesidad cuando el mal causado no es mayor que el que se trata de evitar (art. 20.5.º) y el cumplimiento de un deber o el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo (art. 20.7.º). También puede excluir la antijuricidad, en algunos delitos, el consentimiento del titular del bien jurídico.
La conducta materialmente antijurídica
Para afirmar que la conducta típica es también penalmente antijurídica no basta con constatar la presencia de antijuricidad formal. Es preciso además que el comportamiento haya lesionado o, al menos, puesto en peligro el bien jurídico protegido por la norma penal. De este modo, se dice que una conducta es materialmente antijurídica cuando, además de ser contraria al ordenamiento, lesiona o pone en peligro un bien jurídico que el Derecho penal quería proteger.
Ejemplos de antijuricidad
- Quien mata a otro realiza una conducta típica (art. 138). Si lo hizo para repeler una agresión ilegítima, con necesidad racional del medio empleado y sin provocación suficiente, concurre legítima defensa (art. 20.4.º) y el hecho no es antijurídico.
- Quien causa lesiones a otro sin que concurra ninguna causa de justificación realiza un hecho formalmente antijurídico y, al menoscabar la integridad corporal o la salud, también materialmente antijurídico.
- Quien conduce a una velocidad muy superior a la permitida sin que llegue a lesionar a nadie realiza una conducta que el legislador ha considerado ya materialmente antijurídica por el peligro que crea (art. 379.1).
Fundamento y estructura de las causas de justificación
Las causas de justificación tienen un presupuesto común: una situación de peligro para bienes jurídicos que genera, al tiempo, un conflicto de intereses jurídicamente protegidos. El Derecho lo resuelve mediante una ponderación que compara el desvalor de la conducta lesiva y la tendencia de esta a salvaguardar un interés en peligro, y se inclina por el interés que prevalece por su mayor importancia: autoriza la conducta típica si se dirige a salvaguardarlo a costa de sacrificar el de menor valor.
La existencia de una causa de justificación se supedita al cumplimiento de una serie de condiciones. La doctrina dominante establece un paralelismo entre la estructura del tipo de injusto y la de la justificación: así como aquel se compone de elementos objetivos y subjetivos, la justificación exige una parte objetiva (los presupuestos objetivos que fundan la situación justificante) y una parte subjetiva (el elemento subjetivo de justificación, que consiste en el conocimiento de la situación justificante y la tendencia del autor a actuar en ejercicio de la respectiva causa de justificación).
No todos los elementos tienen idéntica relevancia: unos son nucleares y otros secundarios. La ausencia de un elemento secundario puede determinar la apreciación de una causa de justificación incompleta, que atenúa la pena (art. 21.1.ª del Código Penal) y permite imponer la pena inferior en uno o dos grados (art. 68).
Efectos comunes de las causas de justificación
Si concurren todos sus requisitos, las causas de justificación eliminan la antijuricidad de la conducta típica y afirman su conformidad a Derecho y, por ende, su impunidad. De esta consecuencia principal se derivan otras:
- No cabe alegar legítima defensa frente a una conducta justificada, pues es una conducta lícita que no puede dar lugar a una agresión ilegítima.
- No solo eximen de pena: también cierran la posibilidad de aplicar medidas de seguridad, que se fundamentan en la peligrosidad criminal exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito (arts. 6 y 95 del Código Penal) y no pueden ser predelictuales.
- En general excluyen también la responsabilidad civil derivada del delito. La excepción es el estado de necesidad, cuya exención no comprende la responsabilidad civil: responden las personas en cuyo favor se haya precavido el mal (art. 118.1.3.ª).
- Por la conformidad a Derecho de la conducta, conducen a la impunidad de los partícipes en el hecho justificado.
La legítima defensa en síntesis
Es la causa de justificación más estudiada. Según el artículo 20.4.º del Código Penal, está exento de responsabilidad criminal quien obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran tres requisitos: agresión ilegítima (que, si se defienden bienes, ha de constituir delito y ponerlos en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes, y, si se defiende la morada, consiste en la entrada indebida en ella o en sus dependencias); necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y falta de provocación suficiente por parte del defensor. Junto a ellos se exige el elemento subjetivo de justificación: actuar conociendo la situación y con la finalidad de salvaguardar el bien amenazado.
Hasta la LO 1/2015, el primer requisito hablaba de ataque a los bienes que constituyera «delito o falta». La supresión de las faltas dejó el texto en «delito», término que abarca también los delitos leves (art. 13.3 del Código Penal).
Dos precisiones son útiles para situar la figura dentro de la antijuricidad:
- La agresión ha de ser antijurídica, real y actual, pero no necesariamente culpable: cabe la defensa frente a un inimputable o frente a quien actúa con un error invencible de prohibición. Queda fuera la mera acción imprudente.
- Si falta la agresión actual (defensa anticipada o posterior) no hay legítima defensa ni siquiera incompleta; si la defensa supera lo racionalmente necesario (exceso intensivo), se pierde el efecto justificante, pero puede apreciarse la eximente incompleta del artículo 21.1.ª. Quedan además fuera la riña mutuamente aceptada y la defensa que lesiona a terceros ajenos al conflicto. La defensa de terceros se rige por los mismos requisitos y no puede ejercerse contra la voluntad expresa del agredido.
El estudio detallado está en el artículo sobre la legítima defensa.
Antijuricidad y culpabilidad
La antijuricidad se refiere al hecho y se determina de forma objetiva: la conducta justificada no es contraria a Derecho para nadie. La culpabilidad, en cambio, es un juicio sobre la persona del autor. Por eso las circunstancias que afectan a la capacidad de comprender la ilicitud o de actuar conforme a esa comprensión (por ejemplo, las anomalías psíquicas del art. 20.1.º) excluyen la culpabilidad, pero no la antijuricidad del hecho: la conducta típica de un inimputable sigue siendo antijurídica.
La antijuricidad: artículos relacionados
- El bien jurídico
- Desvalor de acción y desvalor de resultado
- Especial consideración a los delitos de peligro
- Cumplimiento de un deber y ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo
Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE), arts. 6, 13, 20, 21.1.ª, 68, 95 y 118; LO 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal (BOE).
Apuntes de origen: Esther Hava García (@sterhava), doctora en Derecho y profesora de Derecho Penal en la Universidad de Cádiz.