miércoles, 26 de diciembre de 2012

La Detención Preventiva



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La detención preventiva consiste en la privación de libertad de una persona que aparece como supuesto autor, cómplice o encubridor de un delito. Para aplicar esta medida cautelar, el juez debe respetar una serie de garantías establecidas por la ley en favor del imputado. Una de las principales es que la detención no puede prolongarse más allá del tiempo estrictamente necesario para realizar las averiguaciones que permitan el esclarecimiento de los hechos y la práctica de las pruebas. En todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición de la autoridad judicial o puesto en libertad en el plazo máximo de 72 horas. Este plazo de 72 horas puede prolongarse 48 horas más cuando concurran circunstancias especiales; transcurrido éste, la autoridad debe decretar la libertad del detenido o bien elevar la detención a prisión provisional.

Por otra parte, la persona detenida debe ser informada inmediatamente de sus derechos así como de las razones de su detención. Entre aquéllos destaca el derecho a designar un abogado y, caso de no hacerlo, a obtener uno de oficio; el derecho a guardar silencio; a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Igualmente, el detenido tiene derecho a que se comunique a un familiar, o persona designada por él, el hecho de su detención y el centro o dependencia en donde es retenido. Si lo considerara oportuno, el detenido puede solicitar ser reconocido por el médico forense, con el fin de acreditar si tiene alguna lesión.