lunes, 18 de marzo de 2013

Causalidad e imputación objetiva en delitos socioeconómicos



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En el ámbito de los delitos socioeconómicos se dan unas peculiaridades propias que hacen imposible el traslado de las construcciones elaboradas para los tipos penales clásicos en lo que se refiere a los criterios de imputación objetiva. No obstante, tampoco se puede fijar con carácter general unas reglas de imputación objetivas válidas para la amplia gama de delitos socioeconómicos (los criterios se han de delimitar caso a caso). Sólo se pueden determinar algunas peculiaridades que son comunes a determinados delitos socioeconómicos.

1. En la esfera del Derecho penal económico el legislador tiende a recurrir a la creación de “tipos de peligro abstracto de mera actividad” en los que no hay resultado (basta con probar la realización de la acción incriminada cuya peligrosidad no tiene porque ser verificada por el juez, Muñoz Conde)

En este caso se hará una imputación subjetiva del resultado en el sentido de ataque al bien jurídico ya que en estos delitos puede acontecer que la acción no fuese previsible ex ante (peligrosidad general de la acción).

Otros opinan que la operatividad de la imputación objetiva en este tipo de delitos es escasa ya que en ellas existe una coincidencia espacial y temporal entre la acción corporal y la conducta típica. A esto hay que decir que el legislador penal económico español configura tipos de aptitud para la producción de un daño, rompiendo esa coincidencia ya que la tipicidad depende de dos juicios diferentes:

Ex ante: peligrosidad general de la acción Ex post: posibilidad de resultado de peligro.

2. El riesgo permitido es una institución dogmática que posibilita reputar conforme a Derecho acciones que comportan un peligro de lesión para un bien jurídico siempre que el nivel de riesgo se mantenga dentro de unos límites razonables y el agente haya adoptado las medidas de precaución y control para disminuir el peligro. El riesgo permitido ha de tener una amplia operatividad en el Derecho penal económico ya que en un modelo de economía de mercado resulta consustancial al buen funcionamiento del sistema económico la realizacion de actividades peligrosas para el bien jurídico.

Análisis coste beneficio: se ha de hacer una ponderación de interés entre:

1. El valor del bien jurídico amenazado, el grado de peligro que corre y las posibilidad de control.

2. La relevancia del interés social de la conducta peligrosa y los beneficios que la misma comporta.

Los beneficios de esas actividades pueden reportar para la sociedad que, si se mantiene dentro de determinados límites y se respetan los medios de precaución y control, el Derecho los considere legítimos.

En base a dicha ponderación y teniendo en cuenta el propio de intervención mínima se habrá de delimitar el nivel máximo de riesgo permitido siendo necesario distinguir:

1. Límite máximo de riesgo permitido a efectos estrictamente penales.

2. Límite máximo inferior al penal para delimitar el riesgo permitido no penal merecedores de sanciones cv ad.

Además y de manera muy excepcional es aconsejable para determinados tipos delictivos un incremento de los niveles de riesgo considerándose ello legítimo en la medida en que venga a ampliar la libertad de actuación en el ámbito de libre mercado (ejemplo: delitos societarios).

En algunos delitos socioeconómicos del Código Penal de 1995 no se recoge toda la lesividad que sería deseable en una norma penal de ahí la notable trascendencia del riesgo permitido.

En última instancia corresponde al juez dependiendo de la figura delictiva y de la concreta actividad del sujeto delimitar los márgenes del riesgo permitido. Para ello debera ponderar intereses y si existen ayudándose en los codigos de conducta que contengan las leyes o los reglamentos.

Fuente:
Apuntes sobre Derecho penal económico, Enrique Gaya Picón.