sábado, 16 de marzo de 2013

Clasificación de delitos socioeconómicos propuesta en el Código penal de 1995 de los delitos económicos



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Para realizar esta clasificación partimos del criterio del bien jurídico tutelado. Aclarar que es imposible fijar con claridad el contorno de la categoría de delitos económicos en sentido amplio, cosa que no ocurre para los delitos económicos en sentido estricto.

Delitos económicos en sentido estricto:

Poseen un interés jurídico inmediata o mediatamente protegido un bien de naturaleza supraindividual general que afecta a la regulación jurídica del intervencionismo estatal en la economía, tienen una problemática jurídica (político-criminal y dogmática, sustantiva y procesal) que dota a este conjunto de gran homogeneidad.

Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, delitos de contrabando y delitos monetarios.

A lo largo del articulado también nos podemos encontrar otros delitos que podríamos incluir dentro de esa categoría como son “ el blanqueo de capitales”, “ delitos contra la libertad de competencia o libre mercado”, obstaculización de la inspección de la Administración, etc.

Delitos económicos en sentido amplio:

En este grupo se pueden incluir figuras delictivas de contenido económico cuyo bien protegido sea supraindividual aunque no concurran otros criterios de los anteriormente mencionados. Estos son:

Sustracción de cosa propia a su utilidad social.

Delitos contra las consumidores.

Delitos contra la libre competencia o libre mercado.

Además se engloban: con la presencia de los demás criterios.

1. Delitos contra los derechos de los trabajadores: el bien jurídico puede reconducirse al interés del trabajador considerado como parte de un contrato de trabajo y como consecuencia de dicha relación laboral posee unos derechos propios: se protege el contenido mínimo de la relación social.

2. Delitos relativos a la propiedad intelectual y competencia desleal: el bien jurídico que se tutela es individual pero es indudable la repercusión mediata en el orden socioeconómico q aconseja una regulación conjunta con los delitos relativos al libre mercado y a los consumidores.

3. Delitos societarios.

4. Las insolvencias punibles, (tienen a su favor los criterios criminológicos empresarial y laboral si bien su bien juridico es de naturaleza patrimonial), la alteración de precios en subastas públicas, (el Código Penal le otorga un capitulo diferente con los delitos patrimoniales clásicos si bien el bien jurídico es de naturaleza individual patrimonial).

Fuente:
Apuntes sobre Derecho penal económico, Enrique Gaya Picón.