domingo, 17 de marzo de 2013

Configuración del injusto en relación con la intensidad de ataque del bien jurídico



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En el sector de los delitos económicos encontramos diversas modalidades de tipos que surgen con base en el criterio atendiendo a la intensidad de ataque al bien jurídico. Así pues, encontramos:

a) Delitos de lesión o daño: se caracterizan por comportar un efectivo menoscabo al bj tutelado

b) Delitos de peligro: se consuman con la mera concurrencia de un nuevo peligro para el bien jurídico concebido como una simple probabilidad de lesión. A su vez se distinguen:

Delitos de peligro concreto: Exigen que la acción ocasione unas condiciones que enjuiciadas ex post cause un resultado consistente en la creación de un peligro concreto (una próxima lesión) al bien jurídico tutelado.

El Juez tiene que valorar todas las circunstancias del caso concreto y verificar la peligrosidad.

Delitos de peligro abstracto: Basta con una actuación que implique la creación de un peligro general hacia un bien jurídico que no requeire ningún tipo de concreción que demuestre un peligro de probabilidad inmediata o próxima lesión. Para ello se realizara un juicio ex ante.

Son delitos de mera actividad pero no siempre tiene porqué ser así dado q debido a su estructura pueden se un tipo de resultado. Ejemplo: delito de abuso de información privilegiada en el mercado de valores.

En el Derecho Penal Económico podemos encontrar:

1. Delito de peligro abstracto puramente formal o delitos de pura desobediencia donde el interés tutelado resulta lesionado con la mera infracción de la prohibición y sin que el injusto penal incorpore restricción típica alguna. Ejemplo: delito societario de obstaculización o de actuación suspensiva de la Administración.

2. Delitos genuinos de peligro abstracto: son tipos con contenido material de injusto que dan presencia de un peligro real hacia los bienes jurídicos. No basta la mera infracción de la prohibición.

3. Delitos de aptitud o de peligro potencial o hipotético:

Es una categoría intermedia entre los otros dos delitos de peligro concreto y de peligro abstracto. Estos delitos se aproximan más a los delitos abstractos dado que el juez no ha de tener en cuenta todas las circunstancias del caso concreto ni verificar la peligrosidad en dicho caso sino que debe calificar esa circunstancia como peligro al margen de esas circunstancias.

Lo característico de estos delitos es la incorporación explícita al injusto de elementos típicos normativos de aptitud o sea, elemento de valoración sobre la potencialidad lesiva de la acción del agente, cuya concurrencia habrá de ser constatada por el juez. Y se califica esta aptitud como relativa dado que requiere una valoración concreta en cada caso del riesgo potencial que la acción supone para el bien jurídico. Así pues, esa aptitud habrá de ser abarcada en el dolo del autor: no hay que exigir el autor un conocimiento de la peligrosidad de la conducta en su exacta dimensión técnica.

La tipicidad de estos delitos dependerá de dos tipos de juicio:

1. Ex ante: determinar si la acción del agente es apta para producir un peligro al bien jurídico.

2. La posibilidad de resultado de peligro: se ha de verificar si en la situación concreta ha sido posible un contacto entre la acción y el bien jurídico que hubiese provocado una efectiva lesión.

La importancia del recurso técnico de peligro abstracto se toma en consideración desde un doble punto de vista en el campo de los delitos socioeconómicos:

1. Esta presente en la tipificación de aquellos delitos económicos en sentido estricto que tutelan bienes jurídicos inmateriales; aquí se concreta la tipicidad se vincula formalmente a la lesión del bien jurídico intermedio con función representativa no reconducibles a bienes jurídicos individuales. Se protege el intervencionismo estatal (delitos contra la hacienda pública, contrabando, monetarios y blanqueo de capitales no son bienes jurídicos individuales sino inmateriales o colectivos)

2. La técnica del peligro abstracto se emplea en la construcción de delitos socioeconómicos de carácter supraindividual (ya sean instittucionalizables o difusos) que se orientan a la protección de bienes individuales o suficientemente individualizables (esto sucede con los delitos socioeconómicos de consumo o con el abuso de información privilegiada privilegiada en el mercado de valores) Aquí el interés colectivo se vera lesionado al ponerse en peligro abstracto los bienes jurídicos de los individuos concretos, siendo pues estos últimos el motivo de criminalización

¿Está legitimada la intervención del Derecho penal?

a) Para el caso de los bienes inmateriales no individualizables siempre que el bien jurídico mediato sea indispensable para el adecuado desarrollo de la economía del país.

b) Para el caso de los bienes supraindividuales y determinables cuando se parta de la base que aquí se tutelan bienes individual esenciales como el patrimonio o la libertad de disposición económica pero que pertenecen a priori al conjunto inabarcable de personas. Esto último incrementa el desvalor del injusto y hace anticipar la línea del castigo al momento del peligro abstracto.

En estos delitos, pues, se trata el menoscabo de patrones de seguridad tipificados (ya sean objetivos o referidos al sujeto, ejemplo: permiso de conducir) cuya eficiencia resulta esencial para el aprovechamiento racional de los bienes.

La utilización de la construcción de los delitos de peligro abstracto es controvertida. De hecho, el vigente texto punitivo ha operado por una sensible reducción de los delitos así redactados con respecto a lo que preveía el Proyecto de 1980 ya que en muchos casos únicamente anticipaba la línea de punibilidad de figuras de contenido puramente patrimonial individual y en otras se trataba de resolver los problemas de prueba que surgen con los tipos de lesión o de peligro sin que tutelasen bienes jurídicos supraindividuales que fundamentaban su tipificación.

En los tipos de peligro abstracto se requiere que se acojan una serie de exigencias:

1. Delimitación del bien jurídico a tutelar.
2. Que contengan elementos que expresen explícitamente el grado de lesividad exigible.
3. Mayor delimitación de los sujetos activos.
4. Incrementar el desvalor de acción para conductas especialmente intolerables.
5. Limitar la posibilidad de ejecución al dolo directo y prever elementos subjetivos en el injusto cuando la fundamentación de la antijuricidad así lo exija.
6. Podían preverse causas de levantamiento o anulación de pena basado en el arrepentimiento del autor.

Fuente:
Apuntes sobre Derecho penal económico, Enrique Gaya Picón.