domingo, 24 de marzo de 2013

La determinación de las consecuencias jurídicas del delito



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La exigencia de lex certa no solo rige para la descripción de las conductas ilícitas sino que también alcanza a las consecuencias jurídicas del delito, es decir, a la determinación de las penas y las medidas de seguridad. El Tribunal Constitucional ha afirmado que “la doble garantía impuesta por el art. 25.1 CE no se refiere solo a la tipificación de las infracciones, sino también, y en igual medida, al establecimiento de las sanciones aplicables. El principio de legalidad garantiza que el ciudadano pueda reconocer con exactitud las consecuencias jurídicas de sus actos.

A pesar de que en el sistema seguido por el Código Penal español, se mantiene un alto grado de determinación legal de la pena, se permite al juez un margen de apreciación en la individualización de la pena. Ello no es en absoluto contrario al principio de legalidad, pues como ha recordado el TS de forma reiterada, este principio rige para la especie y los límites máximo y mínimo de la consecuencia jurídica, pero nada indica respecto de la graduación de la pena dentro del marco penal legalmente determinado.

No obstante, en determinados casos, los delitos aparecen conminados con penas potestativas, es decir, que el juez debe decidir sobre su efectiva imposición al caso concreto (arts. 129, 226.2 y 233.1 CP entre otros), o alternativas. La previsión de penas alternativas o facultativas no debe estimarse en sí misma contraria a la exigencia de lex certa pues, según el TC, la correspondecia entre infracciones y sanciones, aunque debe estar predeterminada suficientemente, “puede dejar márgenes más o menos amplios a la discrecionalidad judicial”, lo que en modo alguno puede ocurrir es que quede “encomendada por entero a ella”.

En el ámbito de las medidas de seguridad la regla es precisamente que las medidas se establezcan de forma potestativa y se ofrezcan al juez distintas medidas alternativas posibles.