lunes, 25 de marzo de 2013

La distinción entre delitos graves, menos graves y faltas



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1. LA CLASIFICACIÓN TRIPARTITA DE LOS ILÍCITOS PENALES SEGÚN LA GRAVEDAD DE LA PENA

El CP de 1995 adoptó una clasificación tripartita de las infracciones según la gravedad de la pena prevista por ellas. Así, el art. 13 CP distingue entre delitos graves, delitos menos graves y faltas, según que la pena prevista en la ley para ellos sea una pena grave, menos grave o leve, respectivamente. Naturalmente, la pregunta inmediata es qué penas son graves, menos graves o leves, cuestión resuelta en el art. 33 CP. El criterio que sigue dicho precepto para la clasificación de las penas en graves, menos graves o leves es tanto un criterio cualitativo, es decir, tiene en cuenta la naturaleza de la pena, como un criterio cuantitativo, es decir, teniendo en cuenta la duración de la pena.

El CP de 1995 ha mantenido la distinta ubicación sistemática de estas categorías al dedicar el Libro II a los delitos y el Libro III a las faltas.

En aquellos casos en que la pena prevista pueda ser calificada de dos formas, entonces será considerada de la forma más grave (art. 13.4 CP). Igualmente si el límite mínimo de la pena es menos grave y el límite máximo es grave, la pena, y por tanto el delito, debe considerarse como grave.

2. LA DISTINCIÓN ENTRE DELITOS GRAVES Y MENOS GRAVES

A pesar de la clasificación tripartita que establece el CP de 1995, realmente la única distinción importante dogmáticamente es la que el CP hace entre delitos y faltas, mientras que de la clasificación de un delito como grave o menos grave no derivan consecuencias materiales, es decir, las normas que rigen su punición no varían (castigo de la tentativa, reglas de individualización de la pena, etc.). En el CP solo se tiene en cuenta esta distinción en relación con el cómputo de los plazos de prescripción del delito (art. 131.1 CP) y con el plazo exigido para la cancelación de antecedentes penales (art. 136.2.2º CP), que naturalmente también es distinto en el caso de las faltas.

Esta clasificación entre delitos graves y menos graves tiene su reflejo más importante en el ámbito procesal, en concreto en la distribución de la competencia material entre el Juzgado de lo Penal y la Audiencia Provincial.

El vigente art. 14 de la LECrim atrbuye la competencia de la siguiente manera (salvo que se trate de un delito de los atribuidos al Tribunal de Jurado, que se enjuicia en el ámbito de la Audiencia Provincial):

- Al Juzgado de lo Penal: el enjuiciamiento de los delitos que tengan prevista una pena de prisión no superior a cinco años, una pena de multa, cualquiera que sea su cuantía, o cualesquiera otras penas de distinta naturaleza (es decir, inhabilitación absoluta, inhabilitación especial, privación del derecho a conducir vehículos a motor, etc.) siempre que la duración de estas no exceda los diez años (art. 14.3 LECrim). Contra estas sentencias de los Juzgados de lo Penal cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial (arts. 790 y 803 LECrim), pero contra la sentencia dictada en segunda instancia por la Audiencia Provincial ya no cabe recurso de casación ante el TS (art. 847 LECrim).

- A la Audiencia Provincial: el conocimiento y fallo de los delitos conminados con una pena de prisión de duración superior a cinco años (art. 14.4 LECrim). Contra estas sentencias cabe únicamente recurso de casación ante el TS (art. 847 LECrim).

3. LA CATEGORÍA DE LAS FALTAS

Art. 10 CP: “son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley”. La diferencia entre delitos y faltas es solo cuantitativa: las conductas constitutivas de faltas son ilícitos en los que el desvalor de la conducta se considera leve en relación a los delitos y por ellos se conmina con penas leves como multas, privaciones de derechos o trabajos en beneficio de la comunidad de corta duración o con la pena de localización permanente pero en ningún caso con pena de prisión.

No obstante, las faltas reciben un tratamiento especial en algunos aspectos de la teoría jurídica del delito y de sus consecuencias jurídicas:

- La tentativa no se castiga como regla general: mientras que todos los delitos pueden ser castigados en la forma de tentativa, cuando la conducta es constitutiva de falta solo es posible castigar por tentativa si se trata de una falta contra las personas o el patrimonio (art. 15.2 CP).

- La individualización de la pena no sigue las reglas del art. 68 CP sino que el juez puede concretar la pena dentro del marco penal según su prudente arbitrio (art. 638 CP).

- La agravante de reincidencia no resulta aplicable a las faltas sino solo en relación a los delitos (art. 22.8º). No obstante, la reforma operada por la LO 11/2003 en el delito de hurto (art. 234 CP) y en hurto de uso de vehículo de motor (art. 244.1 CP) ha supuesto la introducción de la reincidencia en las faltas pues en dichos preceptos se eleva a la categoría de delito la realización en el plazo de un año de cuatro faltas de hurtos o de hurto de uso de vehículo de motor (la llamada multirreincidencia por faltas).

- El castigo por imprudencia es muy restringido: solo se tipifican como faltas por imprudencia algunas conductas contra la vida y la integridad física (art. 621 CP).

No es posible detener a alguien ni decretar la prisión provisional por la comisión de una falta (arts. 495 y 503 LECrim).

La competencia para el enjuiciamiento de las faltas corresponde, como norma general, al Juez de Instrucción (salvo las concretas faltas que señala el art. 14.1 LECrim, que se atribuyen al Juez de Paz) y se regula un procedimiento especial para el enjuiciamiento de las faltas en el Libro IV de la LECrim, caracterizado por la celeridad del mismo y la “rebaja” de las exigencias de los principios de acusación y defensa aplicables a todo proceso penal (por ejemplo, la asistencia del Ministerio Fiscal no es obligatoria en todos los juicios de faltas). Contra las sentencias dictadas en juicio de faltas por el Juez de Instrucción cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial (aunque conoce un solo Magistrado) y contra las dictadas por el Juez de Paz cabe apelación ante el Juez de Instrucción.