domingo, 24 de marzo de 2013

LO 5/2000, responsabilidad penal de los menores



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
I) CONSIDERACIONES PREVIAS

La determinación de los límites a partir de los cuales debe comenzar la exigencia de la responsabilidad penal ha sido una de las cuestiones que más ha preocupado a la ciencia del Derecho Penal.

El sistema del discernimiento fue, en un principio, el criterio elegido para determinar la responsabilidad penal de los menores. Tal elección tenía unos presupuestos muy concretos: una concepción de la culpabilidad como juicio de reproche y la pena como retribución. La prueba del discernimiento se dirigía entonces a indagar, a partir de una cierta edad (entre 9 y 15 años), el grado de libertad del menor que se traducía en la madurez que este presentaba en cada caso, para que en el supuesto de afirmarse quedara justificado que el Derecho Penal debiera intervenir por existir un sujeto culpable.

La influencia del positivismo criminológico de la época (finales del XIX y principios del XX), finalmente, determinó una nueva etapa de la evolución penal que dio paso a ua nueva respuesta jurídica frente al menor delincuente: el sistema biológico-cronológico.

Me refiero, por un lado, a la reformulación del concepto de culpabilidad como fundamento (retributivo) de la pena hacia concepciones mixtas o puramente preventivas de la pena y de la culpabilidad. Por otro, a la incorporación en los diversos ordenamientos jurídicos de la medida de seguridad como respuesta penal para esa categoría de delincuentes a los que no resultaba aplicable la pena (inimuptables) o esta era insufuciente (semiimputables).

Concepción preventiva de la culpabilidad en Derecho Penal: expresada en la capacidad de motivación por la norma del autor de un hecho antijurídico; no se acepta que, por debajo de una determinada edad (sea 16 ó 18 años), todo menor carezca en general de capacidad suficiente para motivarse por las normas o de distinguir lo justo de lo injusto, según la formulación clásica. Por lo que carece de sentido contemplar de forma conjunta el sistema de consecuencias jurídicas aplicables al menor de edad con la prevista para enajenados o sujetos que sufren alguna anomalía o alteración psíquica. Parece correcto, a cambio, el moderno planteamiento político-criminal que atiende a criterios de necesidad preventiva de la intervención penal. El punto de partida es la afirmación de la responsabilidad del menor sobre sus actos delictivos, eso sí, garantizando el respeto a todos los principios que legitiman la intervención penal, entre ellos el principio de culpabilidad. Conforme a ello, la imputabilidad se configura como un juicio necesario para atribuir, si quiera en forma atenuada-atendiendo al proceso de aprendizaje en que se encuentra-, la infracción de la norma al menor.

Este sistema será el que adopte nuestro Código Penal de 1.995. En el nuevo texto punitivo no solo va a elevar la mayoría de edad penal (de 16 a 18 años), equiparando así la mayoría de edad penal, civil y política tan reclamada por la norma fundamental, sino que además no incluye la minoría de edad entre las causas que eximen de responsabilidad criminal del art. 20 CP.Razón por la cual no los declara irresponsables criminales, ni los somete al régimen general de las medidas de seguridad, sino que dispone, por el contrario, que quedarán sujetos a la responsabilidad que establezca la futura Ley penal juvenil (art. 19 CP).

II) PRINCIPIOS INSPIRADORES

1. El reconocimiento implícito de la naturaleza penal de la ley aunque desde un punto de vista material responda a una filosofía sancionadora educativa el procedimiento y las medidas aplicables a los infractores menores de edad.

2. El reconocimiento expreso de todas las garantías que se derivan del respeto a los derechos constitucionales y de los declarados en el ordenamiento jurídico (art. 3), así como las derivadas de la LO 1/1.996, de Protección Jurídica del Menor, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1.989 y los Tratados Internacionales sobre protección del menor (art. 1.3). En ese punto, la exposición de motivos cita como principios garantistas generales indiscutibles: el principio acusatorio, el principio de defensa y la presunción de inocencia.

3. El principio de legalidad, tanto en la definición de las infracciones, pues a los menores solo se les puede exigir responsabilidad “por la comisión de hechos tipificados como delitos y faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales” (art. 1.1), como en el catálogo de medidas sancionadoras, puesto que solo pueden imponerse las expresamente establecidas en la ley (art. 7), así como en la ejecución de esas medidas (art. 43).

4. El principio de culpabilidad como exigencia indeclinable de toda responsabilidad penal, ya sea la del Código Penal, ya sea la de la Ley penal del menor.

5. El principio de proporcionalidad que, pese a su rechazo inicial en la Exposición de Motivos (aptdo. 7), este se deduce de las normas que regulan el contenido y duración de las medidas y su aplicación.

6. Como contrapartida se reconoce el principio del superior interés del menor, como directriz que debe presidir tanto el procedimiento como las medidas que se deben adoptar.

7. La judicialización del procedimiento que impone el control judicial de cualquier restricción de los derechos del menor, el carácter judicial del juicio y la condena, así como de la ejecución de las medidas aplicables, tanto de las cautelares como de las sancionadoras (art. 44).

8. La flexibilidad en la adopción y ejecución en las medidas por el juez (art. 9), que supone el reconocimiento del principio de intervención mínima y, de forma implícita, del principio de oportunidad, que da relevancia a la posibilidad de no apertura del procedimiento o de la renuncia al mismo en base a las posibilidades de la reeducación y corrección del menor infractor en el ámbito familiar o educativo (art. 18), dejar sin efecto la medida impuesta, reducir su duración o sustituirla por otra de interés del menor (arts. 14 y 51.1), o suspender la ejecución del fallo (art. 40).

9. Reconocimiento del interés de la víctima que se refleja en el derecho a solicitar la reparación del daño sufrido o a la conciliación con la víctima, ya centrada en el reconocimiento por el menor del daño causado y la petición de disculpas, ya en la asunción de ciertas acciones reparadoras en beneficio de la víctima o perjudicado (art. 19).

10. En el aspecto procesal se invoca el principio que la ley llama de “unidad de expediente”, conforme al cual cada hecho delictivo dará lugar a un expediente, con la excepción de los delitos conexos. No obstante, esta previsión queda atemperada por la adopción del fuero del domicilio del menor como fuero preferente, que determinará la competencia del mismo órgano judicial.

11. Las competencias de las Comunidades Autónomas, tanto en la protección como en la reforma de menores, así como en la ejecución de las medidas impuestas por los Jueces de Menores. A estos les corresponde el control de la ejecución que materialmente compete a las Comunidades Autónomas, quienes deberán proceder a la creación, organización y gestión de los servicios y centros.

III) ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY: NIÑOS, MENORES Y JÓVENES ADULTOS

El art. 1 LORRPM establece que será aplicable a las personas mayores de catorce y menores de dieciocho años que cometan hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o en las leyes especiales. Además, prevé la posibilidad de su aplicación a los jóvenes con edades comprendidas entre los dieciocho y veintiún años, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en ella (art. 4).

La ley prevé un distinto régimen jurídico para los tres grupos que contempla:

a) MENORES DE CATORCE AÑOS

“Convicción de que las infracciones cometidas por los niños menores de esta edad son en general irrelevantes y que, en los escasos supestos en que aquellas pueden producir alarma social, son suficientes para darles una respuesta igualmente adecuada los ámbitos familiar y asistencial civil, sin necesidad de la intervención del aparato judicial sancionador del Estado”. Parece que la fijación de esa edad mínima responde más que a la presunción absoluta de su inimputabilidad-tal como sucedía con los menores de dieciséis años en el 73 CP-, a consederaciones utilitaristas y relacionadas con la conveniencia de evitar en lo posible la estigmatización penal del autor.

b) MAYORES DE CATORCE Y MENORES DE DIECIOCHO AÑOS

• Mayores de catorce y menores de dieciocho años: la propia declaración de la responsabilidad (penal) a partir de los catorce (art. 1.1) va a determinar la ineludible existencia de una imputabilidad de esos menores. Se entenderá que esa imputabilidad estará disminuida, atendiendo al proceso de aprendizaje en el que se encuentran, que hace que no sean motivables en los mismos términos que los adultos. Así parece deducirse de la ley cuando en el art. 5.1 prevé la responsabilidad del menor siempre que “no concurra en ellos ninguna de las causas de exención o extinción de la responsabilidad criminal previstas en el vigente Código Penal”.

• El legislador ha visto conveniente distinguir dentro de esta franja de edad dos tramos: de los catorce a los dieciséis, y de los dieciséis a los dieciocho, por entender que la plena capacidad va adquiriéndose de forma escalonada. De esta manera, la consecuencia jurídica es diferente según la edad del menor infractor: respecto a la primera franja de edad las medidas no pueden exceder de dos años, en las prestaciones en beneficio de la comunidad el límite se sitúa en las cien horas y la permanencia de fin de semana en los ocho fines de semana (art. 9.3). Mientras en el caso de los menores de la segunda franja de edad, las medidas pueden prolongarse hasta cinco años, en las prestaciones en beneficio de la comunidad el límite se sitúa en las doscientas horas y la permanencia de fin de semana en los dieciséis fines de semana.

c) MAYORES DE DIECIOCHO Y MENORES DE VEINTIÚN AÑOS

La aplicación de la Ley penal del menor para los jóvenes criminales ya se preveía en el art. 69 CP. En ese sentido, el art. 4 de la ley confirma tal posibilidad cuando el Juez de Instrucción competente, oídos el Ministerio Fiscal, el letrado del imputado y el equipo técnico, así lo declare mediante auto, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: comisión de una falta o bien de un delito menos grave sin violencia ni intimidación en las personas, no haber sido condenado en sentencia firme por hechos delictivos cometidos tras cumplir los dieciocho años y, por último, que las circunstancias personales y el grado de madurez del joven hagan aconsejable el recurso a la ley.

d) MEDIDAS SANCIONADORAS-EDUCATIVAS APLICABLES

1. Internamiento: es la sanción más grave de las recogidas en la ley para responder a los hechos delictivos de mayor gravedad cometidos por los menores y jóvenes. Existen distintos tipos de internamiento:

• Internamiento en régimen cerrado: los menores residirán en el centro y desarrollarán en el mismo las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio.

• Internamiento en régimen semiabierto: los menores residirán en el centro, pero realizarán fuera del mismo las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio.

• Internamiento en régimen abierto: los menores llevarán a cabo todas las actividades del proyecto educatico en los servicios del entorno, residiendo en el centro como domicilio habitual, con sujeción al programa y régimen interno del mismo.

• Internamiento terapéutico: se prevé para los menores que, bien por razón de su adicción al alcohol o a otras drogas, bien por anomalías o alteraciones psíquicas o e la percepción, precisan de un contexto estructurado en el que poder realizar una programación terapéutica siempre y cuando no sea posible su tratamiento ambulatorio.

2. Tratamiento ambulatorio: los menores asistirán al centro designado con la periodicidad requerida por los facultativos para tratar su anomalía o alteración psíquica, adicción al consumo de drogas o alteraciones en la percepción que padezcan.

3. Asistencia a un centro de día: los menores acudirán a un centro plenamente integrado en la comunidad a realizar actividades de apoyo educativas, formativas, laborales o de ocio.

4. Permanencia de fin de semana: los menores permanecerán en su domicilio o en un centro hasta un máximo de treinta y seis horas entre la tarde o noche del viernes y la noche del domingo, a excepción del tiempo que deban dedicar a las tareas socio-educativas asignadas por el Juez.

5. Libertad vigilada: se trata de hacer un seguimiento de la actividad del menor sometido a la misma y de su asistencia a la escuela, al centro de formación profesional o al lugar de trabajo, según los casos, procurando ayudar aquel a superar los factores que determinaron el delito cometido.

6. Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo: el menor debe convivir, durante el tiempo establecido por el Juez, con una persona, con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo adecuadamente seleccionados para orientar a aquel en su proceso de resocialización. Se intentará relacionar la naturaleza de esas actividades con la del interés jurídico lesionado por los hechos cometidos por el autor.

7. Prestaciones en beneficio de la comunidad: esta medida no podrá imponerse sin el consentimiento del menor. Este habrá de realizar las actividades no retribuidas que se le indiquen, durante un tiempo previamente fijado, actividades estas de interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad.

8. Realización de tareas socio-educativas: el menor realizará, sin internamiento ni libertad vigilada, actividades específicas de contenido educativo encaminadas a facilitar el desarrollo de su competencia social. Puede ser una medida de carácter autónomo o formar parte de otra más compleja. Se pretende lograr con ella una capacitación, un aprendizaje, empleando una orientación psicoeducativa.

9. Amonestación: consiste en la represón del menor llevada a cabo por el Juez de Menores y dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido, instándole a no cometer tales hechos en el futuro.

10. La privación del permiso de conducir ciclomotores o vehículos a motor, o del derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas: se podrá imponer como accesoria cuando el delito o falta se hubiere cometido utilizando estos instrumentos.

11. Inhabilitación absoluta: disposición adicional cuarta (aplicación automática); sin perjuicio de las medidas que correspondan en el caso concreto, cuando se trate de delitos de terrorismo previstos en los arts. 571-580 CP. Esta medida produce la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos sobre el que recayere, aunque sea electivos, así como la imposibilidad de obtener los mismos o cualesquiera otros, y la de ser elegido para cargo público, durante el tiempo de la misma.