domingo, 24 de marzo de 2013

Las medidas de seguridad en la legislación penal española



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
A) GARANTÍAS QUE PRESIDEN SU APLICACIÓN

Para aplicar una medida de seguridad es imprescindible cumplir los requisitos establecidos en la Ley (arts. 6 y 95 CP). Por consiguiente, a) las medidas de seguridad deben ser aplicadas por un Juez o Tribunal (garantía jurisdiccional); b) el sujeto debe haber cometido un hecho previsto como delito (post-delictualidad); c) del hecho y de las circunstancias personales del sujeto se debe deducir un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos (pronóstico de peligrosidad criminal) y, finalmente, d) se debe imponer una medida proporcionada (proporcionalidad).

a) Garantía jurisdiccional. Aplicación de las medidas de seguridad por una Juez o Tribunal. El art. 95.1 CP establece que “las medidas de seguridad se aplicarán por el Juez o Tribunal, previos informes que estime convenientes”.

b) Medidas de seguridad post-delictuales. El sujeto debe de haber cometido un hecho previsto por la Ley como delito según establece el art. 95.1 CP.

c) Pronóstico de peligrosidad criminal. Es preciso que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto se pueda deducir un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos (art. 95.1 CP). ¿Reúne el sujeto en cuestión los síntomas y características indiciarios de su supuesta peligrosidad? ¿Puede deducirse a partir de ellos la probabilidad de que cometa delitos en el futuro? Con el fin de determinar ese pronóstico se pueden emplear diferentes métodos:

• El método intuitivo: se basa en apreciaciones subjetivas del Juez sobre el individuo, partiendo de sus experiencias profesionales. Por ello, no cuenta con ningún apoyo científico o técnico que le sirva para envolverle de una mayor racionalidad.

• El método científico: utilizará numerosos medios materiales así como especialistas cualificados. La gran dificultad de este método reside en su elevado coste económico, la complejidad y la excesiva duración del procedimiento.

• El método clínico: se basa en una exploración individualizada de la personalidad del delincuente.

• El método estadístico: se servirá de tablas de predicción. Se deben tomar datos sobre la personalidad del sujeto y se comparan las características del examinado con las que aparecen en la tabla. De esta forma se le asigna la puntuación correspondiente según figura en la tabla.

d) Proporcionalidad de la medida. Las medidas de seguridad deben imponerse atendiendo al principio de proporcionalidad. En efecto, “las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de mayor dutración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad criminal del autor (art. 6.2 CP)”.

e) Efectivamente, la medida de seguridad es el tratamiento adecuado para el delincuente peligroso, porque “las medidas permiten intervenciones mucho más allá de la pena limitada por la culpabilidad”.

En definitiva, la duración máxima de la medida de seguridad es el marco penal abstracto asignado por la ley para el delito, ya que en un Estado de Derecho la gravedad de la sanción penal se debe ajustar a la trascendencia que para la sociedad tienen los hechos a los que se asignan, atendiendo al grado de “novicidad social” del ataque al bien jurídico. Además, es preciso tener presente que “cuando la pena que hubiere podido imponerse por el delito cometido no fuere privativa de libertad, el Juez o Tribunal sentenciador solo podrá acordar alguna o algunas de las medidas previstas en el art. 105” (art. 95.2 CP). Esta exigencia deducida del principio de proporcionalidad viene a determinar la necesaria proporción entre el hecho y la sanción, pues, si la pena abstracta asignada por la Ley para el delito cometido no es privativa de libertad, solo se podrán acordar medidas de seguridad proporcionadas a la gravedad del hecho y, por tanto, medidas no privativas de libertad, que son las contempladas en el art. 105.

B. LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PREVISTAS EN EL CÓDIGO PENAL

El art. 96.1 diferencia entre las medidas de seguridad privativas de libertad y las no privativas de libertad. Las privativas de libertad son:

1. Internamiento en centro psiquiátrico.

2. Internamiento en centro de deshabituación.

3. Internamiento en centro educativo especial.

Las penas no privativas de libertad son:

1. La inhabilitación profesional.

2. La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España.

3. La obligación de residir en un lugar determinado.

4. La prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe. En este caso, el sujeto quedará obligado a declarar el domicilio que elija y los cambios que se produzcan.

5. La prohibición de acudir a determinados lugares o territorios, espectáculos deportivos o culturales, de visitar establecimientos de bebidas alcohólicas o de juego.

6. La custodia familiar. El sometido a esta medida quedará sujeto al cuidad y vigilancia del familiar que se designe y acepte la custodia, quien la ejercerá en relación con el Juez o Tribunal sentenciador y sin menoscabo de las actividades escolares o laborales del custodiado.

7. La privación del derecho de conducir vehículos a motor y ciclomotores.

8. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

9. La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determina el Juez o Tribunal.

10. La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal.

11. La sumisión a tratamiento externo en centros médicos o establecimientos de carácter socio-sanitario.

12. El sometimiento a programas de tipo formativo, cultural, educativo profesional, de educación sexual u otros similares.

C. SUPUESTOS A LOS QUE SON DE APLICACIÓN

Las medidas de seguridad no se prevén, en principio, para los estados peligrosos de inimputabilidad y semi-imputabilidad. Es decir, para los sujetos declarados no culpables pero peligrosos (inimputables) y para los sujetos que actúan bajo una culpabilidad disminuida y, además, son peligrosos (semiimputables).

El Código Penal prevé los siguientes supuestos de inimputabilidad:

1. Sujeto que en el momento de cometer el hecho padece una anomalía o alteración psíquica (art. 20.1). La Ley prevé la medida de seguridad contemplada en el art. 101 CP de internamiento para tratamiento médico o educación especial en un establecimiento adecuado al tipo de anomalía o alteración psíquica.

2. Sujeto que en el momento de cometer el hecho se encuentra en un estado de intoxicación plena como consecuencia del consimo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos (art. 20.2 CP). La Ley prevé para estos casos la medida de seguridad del art. 102 CP de internamiento en centro de deshabituación.

3. Sujeto que sufre alteración en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia y, por ello, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad. La Ley prevé en estos casos la posibilidad de imponer la medida del art. 103 CP de internamiento en un centro educativo especial.

Junto a las medidas contempladas en los arts. 101, 102 y 103 CP, también se prevé la posibilidad de aplicar medidas no privativas de libertad, reguladas en el art. 105 CP. Además, las medidas de seguridad se prevén para los supuestos de semiimputabilidad (art. 104 CP), es decir, los casos previstos en el art. 21.1 CP, que son todos los señalados para los inimputables (arts. 20.1, 20.2 y 20.3 CP), pero cuando “no concurren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos”. La aplicación de las medidas para los semi-imputables se realiza conforme al sistema vicarial (art. 99 CP).

D. CESACIÓN, SUSTITUCIÓN, SUSPENSIÓN Y QUEBRANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

El art. 97 a) CP permite al Juez establecer el cese de la medida de seguridad si la peligrosidad criminal del sujeto desaparece. En efecto, si no existe la probabilidad de comisión de nuevos delitos, ya ni tiene sentido continuar con el tratamiento facilitado mediante la medida de seguridad porque ya no hay que atender a las exigencias de prevención especial.

Este mismo precepto (art. 97 b) CP), faculta al Juez para sustituir la medida de seguridad por otra diferente. Por tanto, si un sujeto sometido a una determinada medida no presenta ninguna evolución, es aconsejable acudir a una medida diferente que logre alcanzar el fin preventivo y, evidentemente, “en el caso de que fuera acordada la sustitución y el sujeto evolucionara desfavorablemente, se dejará tal medida sin efecto”.

Finalmente, el art. 97 c) CP establece la posibilidad de dejar en suspenso la ejecución de la medida de seguridad. Para ello habrá que atender al resultado obtenido con su aplicación. La duración de la suspención de la ejecución de la medida no podrá exceder del tiempo que quede de cumplimiento de dicha medida.

El Código Penal prevé en el art. 100 CP las consecuencias que se derivan del quebrantamiento de una medida de seguridad de internamiento. Su consecuencia jurídica es, junto a una condena por la comisión de un nuevo delito, el de quebrantamiento del art. 468 CP, el reingreso del sujeto en el centro del que se hubiese evadido o en otro que corresponda a su nueva situación, si las circunstancias lo exigieran. Cuando el quebrantamiento es de una medida de seguridad no privativa de libertad, también se realiza el delito de quebrantamiento de condena del art. 468 CP.

E. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DEL SISTEMA VICARIAL

El Código Penal solo tipifica conductas delictivas, sin describir estados peligrosos. Pese a ello, prevé tanto penas como medidas de seguridad. Los sistemas a través de los cuales se articulan ambos medios de reacción penales son variados.

a) Por una parte el Código Penal prevé casos en los que frente al autor de un determinado hecho solo es posible aplicar medidas de seguridad. Se trata de supuestos en que el autor es declarado no culpable pero presenta peligrosidad.

b) Por otro lado el Código Penal prevé la posibilidad de imponer de forma conjunta una pena y una medida de seguridad a través de un doble sistema: el sistema de acumulación y el sistema vicarial.

• El sistema de acumulación se utiliza para los casos en que la medida de seguridad no es privativa de libertad y se lleva a la práctica mediante el cumplimiento simultáneo tanto de la pena como de la medida de seguridad.

• El sistema vicarial se utiliza en aquellos casos en los que el legislador prevé la posibilidad de acumular una pena y una medida de seguridad, ambas privativas de libertad.

Cumplida la medida de seguridad, el Tribunal puede suspender el cumplimiento del resto de la pena o aplicar alguna de las medidas previstas en el art. 96.3, esto es, medidas no privativas de libertad (art. 99 CP).