domingo, 17 de marzo de 2013

Presupuestos de la ejecución penal



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Vamos a ver en esta entrada los diferentes presupuestos de la ejecución penal.

Audiencia Nacional y ejecucion penal

- El título de ejecución


+ El único título para proceder a la ejecución penal es la sentencia condenatoria (la sentencia absolutoria y los autos de sobreseimiento que pongan fin al proceso penal no dan lugar a actividades de ejecución propiamente dichas).

+ Son susceptibles de ejecución las sentencias penales dictadas por los tribunales españoles; también pueden ejecutarse en España determinadas sentencias penales dictadas en el extranjero (supuestos contemplados por el Convenio Europeo de 1983 sobre traslado de personas condenadas, y en los Convenios bilaterales suscritos por España).

+ Sólo podrán ejecutarse las sentencias de condena que hubieran ganado firmeza; por consiguiente, no podrán ejecutarse las sentencias recurridas en apelación o en casación. Según MORENO CATENA, sí es posible la ejecución provisional de la condena a reparar los daños y perjuicios ocasionados por los hechos delictivos, de acuerdo con la LEC.

- Órganos de la ejecución penal: la competencia


+ La competencia para conocer de la ejecución penal se atribuye al juzgado o tribunal que hubiera dictado la sentencia en única o primera instancia. Cuando se trate de la ejecución en España de sentencias dictadas por tribunales extranjeros, la competencia se atribuye a la Audiencia Nacional.

+ En el ámbito de las penas privativas de libertad, hay que destacar las funciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria.

+ En las actividades de ejecución penal intervienen otros funcionarios y autoridades como cooperadores al buen fin de la misma, a saber: funcionarios de los Cuerpos de Instituciones Penitenciarias, la policía (que conduce al condenado al lugar de confinamiento), la Jefatura Central de Tráfico para la ejecución de penas de privación del permiso de conducir vehículos de motor, etc.

- Las partes en la ejecución penal


En la ejecución penal existen dos posiciones básicas y una eventual.

+ El Ministerio Fiscal ha de intervenir a lo largo de todas las diligencias de ejecución penal, velando por el exacto cumplimiento de la sentencia, porque ello afecta al interés público y social.

+ El condenado, que es el sujeto pasivo de la ejecución.

+ La actividad de ejecución por la responsabilidad patrimonial declarada en el proceso penal se dirigirá contra el condenado penalmente o contra el responsable civil directo o subsidiario.

- El derecho de defensa en la ejecución -> la intervención del condenado: oposición e incidentes


El condenado puede intervenir en la ejecución 1) exigiendo el ajuste de las actividades de ejecución al principio de legalidad y 2) promoviendo los incidentes previstos en el ordenamiento. Así, el derecho a la asistencia de abogado debe salvaguardarse durante toda la ejecución, si bien esto no implica que el defensor técnico haya de estar presente en todos los actos de ejecución. Algunas de las intervenciones concretas del condenado son:

+ El condenado podrá intervenir cuando la ejecución se separe de lo ordenado en la sentencia (por acordarse una actividad distinta, penas accesorias no previstas en la sentencia, duración de la pena impuesta, etc.).

+ Cabe instar la modificación del cómputo de la pena realizado en la sentencia cuando una persona haya sido condenada en distintos procesos por hechos que, en razón de las reglas de conexidad, pudieron ser objeto de uno solo (y ello para que el órgano jurisdiccional fije el límite de cumplimiento de las penas impuestas en los distintos procesos).

+ Otro incidente puede plantearse en el supuesto de la demencia sobrevenida del condenado, ya sea inmediatamente después de pronunciada la sentencia firme o cuando se encuentre ya cumpliendo la condena a pena privativa de libertad. Tal circunstancia provoca la suspensión de la condena impuesta o en ejecución (a fin de que el penado reciba la asistencia médica precisa; el Juez de Vigilancia que acuerde la suspensión podrá, no obstante, decretar la imposición de medidas de seguridad privativas de libertad).

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Fuente:
Apuntes sobre Derecho procesal penal del profesor Don Ignacio Flores.