domingo, 24 de marzo de 2013

La prohibición de las penas inhumanas y degradantes



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La historia del Derecho Penal ha sido la historia de su progresiva humanización. El principio de humanidad de las penas tal vez sea el que en mayor medida caracteriza la evolución del contenido del sistema penal contemporáneo.

El art. 15 CE establece que nadie puede ser “sometido a penas inhumanas o degradantes”. De este modo se pretende excluir del sistema de reacciones penales-como mínimo- aquellas sanciones que por su contenido resultan especialmente crueles o denigrantes para el sometido a ellas, así como las formas de ejecución de las penas que revistan las mismas características.

El art. 92 CP, según el cual los sentenciados que hubieran cumplido la edad de setenta años, o la cumplan durante la extinción de la condena y los enfermos muy graves con padecimientos incurables, podrán obtener la concesión de la libertad condicional, aunque no hubieren extinguido sus penas en la proporción exigible como regla general.

El art. 25.2 CE establece que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad... no podrán consistir en trabajos forzados”.

a) INTERDICCIÓN DE DETERMINADAS PENAS INOCUIZADORAS

El art. 15 CE debe conllevar como exigencia general la interdicción de las penas inocuizadoras de carácter definitivo caracterizadas po destruir al sometido a ellas física (de forma total o parcial) o psíquicamente.

1. De forma expresa, el art. 15 CE declara abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer “las leyes penales militares para tiempos de guerra”. LO 11/1.995, de 27 de noviembre, de reforma del Código Penal Militar de 1.985: definitivamente abolida.

2. En la legislación penal no tienen cabida las penas corporales (mutilaciones de partes del cuerpo, la castración física o química, etc.); además, las normas sobre “tratamidento penitenciario” impiden la adopción de ese tipo de medidas, ya que aquel se basa en los principios de libre aceptación (art. 112 RP de 9 de febrero de 1.996) y de respeto a los derechos fundamentales de la persona no afectados por la condena (arts. 59 y 60 LOGP).

3. Las penas privativas de libertad de larga duración plantean serias dudas sobre su constitucionalidad. En primer lugar, porque la práctica imposibilidad de que su ejecución se oriente a la resocialización del autor las hace difícilmente compatibles con el art. 25.2 CE. Además, los efectos de estas penas sobre la persona que las sufre son altamente nocivos desde el punto de vista psíquico, lo que las convierte en inhumanas y, por consiguiente, contrarias al art. 15 CE.

• La cadena perpetua (privación de libertad a perpetuidad o de por vida) debe considerarse radicalmente inconstitucional ya que, por definición, es imposible orientar su ejecución a la resocialización del autor. También es demasiado larga e innecesaria para los otros aspectos de la prevención especial como el aseguramiento o inocuización del sujeto, puesto que en la vida de cualquier persona llega un momento en el que materialmente deja de ser criminalmente peligroso. Y tampoco se puede justificar por razones de prevención general: no es posible argumentar que si no existiera la cadena perpetua, cometidos uno o varios asesinatos, al autor le saldrían gratis los restantes-elementales razones biológicas impiden esta argumentación que, dicho sea de paso, sería de aplicación también a una hipotética pena de muerte-; además, la certeza de un castigo, aunque este sea moderado, surte más efecto que el temor de otro más terrible unido a la esperanza de la impunidad o de su incumplimiento.

• No tiene ningún sentido reclamar la introducción de la cadena perpetua en el CP español: en primer lugar, porque la pena de prisión puede llegar a durar hasta cuarenta años (art. 76); en segundo término, porque el art. 78 CP-como hemos visto- establece reglas especialmente severas de cumplimiento para casos especialmente graves; y en tercer lugar, porque estas reglas se exasperan aún más cuando se trata de castigar delitos de terrorismo (arts. 76.2 y 78.2).

b) LA PROHIBICIÓN DE LAS PENAS EJEMPLIFICADORAS

Cuando en la individualización de la pena se prescinde de las concretas exigencias preventivo especiales (necesidad individual de pena) y se opera con criterios de prevención general positiva o negativa (pena necesaria para intimidar a la generalidad, para la defensa del ordenamiento jurídico, para contrarrestar la alarma social producida por la infracción, para rebajar el clima de inseguridad ciudadana, para satisfacer las necesidades de integración del grupo social, etc.), el autor del delito deja de ser un fin en sí msmo y se convierte en un medio para lograr efectos sobre otros (los potenciales delincuentes, de cuyas tendencias de comportamiento el autor no es responsable). Esto comporta una instrumentalización de la persona contraria a la idea de dignidad proclamada en el art. 10 CE y convierte a la pena así individualizada en inhumana y degradante y, por consiguiente, contraria al art. 15 CE).

c) EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS

1. Aunque no aparece recogido expresamente en la CE, la doctrina mayoritaria entiende que la exigencia de proporcionalidad abstracta entre la gravedad del delito y la gravedad de la pena con la que el mismo se conmina y la exigencia de proporcionalidad concreta entre la pena aplicada al autor y la gravedad del hecho cometido, tienen rango constitucional deducible de lo preceptuado en el art. 15 CE.

2. En un principio, el TC se mostró extraordinariamente cauto a la hora de pronunciarse sobre el principio de proporcionalidad de las penas-“que adolece de una amplia indeterminación”- e intentó evitar, en la medida de lo posible, “entrar en el problema de si el principio de proporcionalidad está o no recogido en la Constitución”.

3. En numerosos casos concretos de penas sin duda absolutamente desorbitadas (por no resistir un juicio de adecuada ponderación), el Tribunal Constitucional no ha otorgado el amparo solicitado y para ello ha alegado normalmete:

a) Que la imposición de dichas penas no vulneraba el art. 25.1 CE-del que no se deduce un derecho fundamental a la proporcionalidad abstracta de la pena con la gravedad del delito- porque el Tribunal había impuesto una pena que se encontraba dentro de los límites autorizados por la Ley.

b) Que tampoco podía considerarse vulnerado el art. 15 CE ya que del mismo no se deduce un principio de proporcionalidad en relación con la duración de las penas ya que la calificación de una pena como inhumana o degradante depende de la ejecución de la pena y de las modalidades que esta reviste.