martes, 19 de marzo de 2013

Responsabilidad de los órganos de las empresas en materia de delitos comunes



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
La escisión entre el sujeto que planea y el que ejecuta hace necesario que se creen unas estructuras de imputación personal que hagan atribuible el hecho delictivo a los verdaderos responsables. Debemos distinguir:

1. La responsabilidad del ejecutor material o inmediato del hecho

No es la cuestión más importante ni la más enrevesada y más si hablamos de delitos comunes. Los ejecutores podrían ser considerados como autores, coautores, partícipes…

2. Responsabilidad omisiva atribuible al órgano directivo por el comportamiento de sus subordinados

a) Silva dice que cuando el delito cometido por los subordinados sea consecuencia del plan diseñado por los órganos de dirección o cuando haya sido provocado o favorecido por estos podremos acudir a las diferentes formas de participación (induccion, cooperación). Se califica como partícipe a quien provoca todo.

b) Tambien cabe apreciar en determinados casos la autoria mediata cuando el agente actúa en situación como:

Error de tipo (culpabildiad), inexigibilidad de otra conducta (culpabilidad), error de prohibición (antijuricidad) o causa de justificación (culpabilidad).

La situación se complica aún más cuando el subordinado que ejecuta directamente el hecho es un autor plenamente responsable (puede que aquí no quepa la autoría mediata)

c) En los delitos de medios determinados parece aún más complicado responsabilizar a título de autoría a los órganos directivos (si acaso como partícipes) ya que sólo podrá ser autor quien directamente utilice esos determinados medios.

d) Ante la dificultad de imputar un delito de comisión activa al órgano directivo se ha propuesto acudir a la estructura de la comisión por omisión: se trata de atribuir una responsabilidad penal por omisión impropia a aquellos órganos directivos que no hubiesen evitado que el hecho delictivo se ejecutase por parte de sus subordinados siempre que se acredite que el superior tuviese la obligación de controlar todos los posibles peligros para evitar la realización de delitos de los subordinados.

Para comprender la esencia de la estructura de la comisión por omisión debemos atender al dominio que posea el órgano directivo que se encuentra en posición de garante “sobre la causa del resultado”: DOMINIO+ POSICION DE GARANTE (no todo directivo responde ya que cada directivo tiene un ámbito específico de competencia individual que ha de controlar y prevenir los riesgos sobre las personas y objetos a su cargo (el dominio puede ser material o personal).

Un sector doctrinal propone que este criterio del dominio sea completado con el del ejercicio de las facultades individuales de autoorganización: podemos hacer nuestra actividad hasta donde no dificultemos la libertad de los demas de ahí que debamos aceptar que existan instituciones que velen y garanticen nuestros derechos.

Debemos plantearnos 2 problemas:

1. Contenido de los deberes objetivos de garantía del órgano directivo derivados de las especiales posiciones de responsabilidad.

Para ello hemos de atender a las normas reguladoras de la actividad que se trate ante todo y completar dichas normas con criterios generales indeterminados (responsabilidad, prudencia…). Además habrá que valorar la gravedad del riesgo, su utilidad y los mecanismos previos de cuidado.

2. Forma de ejecutar los deberes (la delegación).

Cuando la delegación va acompañada de la dotación del dominio necesario, ello hace surgir una nueva posición de garantía ya que asume un deber que si infringe le hará responsable en comisión por omisión por el resultado producido.

¿Qué ocurre con el delegante?

No queda liberado completamente sino que seguirá teniendo una serie de deberes como vigilar al delegado de manera periódica para comprobar si hace bien su labor. Ante un hecho controvertido, el delegante incluso podría ser calificado como autor en comisión por omisión si actúa con dolo e imprudencia.

Otra cuestión controvertida es la prueba de la casualidad hipotética de la omisión con respecto a la lesión del bien jurídico. En este ámbito no se puede excluir a priori que la concreta lesión del bien jurídico podía haber ocurrido igualmente si se hubieran cumplido los deberes de control y vigilancia. De ahí que ello se pretende sustituir por la fórmula del incremento del riesgo.

Se ha de apuntado la posible creación de la figura delictiva de omisión propia para infracción del deber de vigilancia en el seno de la empresa. Pero a ello se le suma una serie de inconvenientes que no hacen viable la opción como por ejemplo la imposibilidad de graduar la vigilancia.

Fuente:
Apuntes sobre Derecho penal económico, Enrique Gaya Picón.