domingo, 24 de marzo de 2013

Sistema de penas del Código penal



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Novedades como la introducción del sistema de días-multa y de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. El art. 32 CP establece la clasificación de las penas en base a su naturaleza, distinguiendo entre penas privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa. Son penas privativas de libertad la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa (art. 35 CP). Son penas privativas de derechos: la inhabilitación absoluta, la inhabilitación especial, la suspensión de empleo o cargo público, la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, la privación del derecho a la tenencia o porte de armas; la privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, o la prohibición de aproximarse a la víctima o a otras personas o de comunicarse con ellos y los trabajos en beneficio de la comunidad (art. 39 CP). La pena de multa viene establecida por el sistema de días-multa o por el sistema de multa proporcional (art. 50 CP). El art. 33 CP clasifica dicho conjunto de penas, en función de su naturaleza y duración, en graves, menos graves y leves. A tal efecto señala que son penas graves:

a) La prisión superior a cinco años.

b) La inhabilitación absoluta.

c) La inhabilitaciones especiales por tiempo superior a cinco años.

d) La suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a cinco años.

e) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a ocho años.

f) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior a ocho años.

g) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos por tiempo superior a cinco años.

h) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, o, de comunicarse con ellos, por tiempo superior a cinco años.

i) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal por tiempo superior a cinco años.

Son penas menos graves:

a) La prisión de tres meses hasta cinco años.

b) La inhabilitaciones especiales hasta cinco años.

c) La suspensión de empleo o cargo público hasta cinco años.

d) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de un año y un día a ocho años.

e) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a ocho años.

f) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo de seis meses a cinco años.

g) La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal o de comunicarse con ellos, por tiempo de seis meses a cinco años.

h) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años.

i) La multa de más de dos meses.

j) La multa proporcional cualquiera que fuese su cuantía.

k) Los trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ciento ochenta días.

Son penas leves:

a) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año.

b) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres meses a un año.

c) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo inferior a seis meses.

d) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.

e) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, por tiempo de un mes a seis meses.

f) La multa de diez días a dos meses.

g) La localización permanente.

h) Los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.

La responsabilidad penal subsidiaria por impago de multa tendrá naturaleza menos grave o leve, según la que corresponda a la pena que sustituya.

Las penas accesorias tendrán la duración que respectivamente tenga la pena principal, excepto lo que dispingan expresamente otros preceptos de este Código.

Art. 33.6 CP: algunas de estas penas pueden establecerse como penas principales o como penas accesorias. Habrán de considerarse penas principales las establecidas expresamente en los tipos penales de la Parte Especial para un delito concreto, y penas accesorias aquellas que, sin ser impuestas especialmente, son declaradas consecuencias necesarias de otras penas en los preceptos de la Parte General (arts. 54 y ss.).

Art. 34 CP: no se reputarán penas:

1. La detención y prisión preventiva y las demás medidas cautelares de naturaleza penal.

2. Las multas y demás correcciones que, en uso de atribuciones gubernativas o disciplinarias, se impongan a los subordinados o administrados.

3. Las privaciones de derechos y las sanciones reparadoras que establezcan las leyes civiles o administrativas.

LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD. LA PENA DE PRISIÓN

Sigue siendo la pena por excelencia, sin duda, por ser la que mayores efectos intimidatorios despliega. Es la pena más grave de las previstas en el ordenamiento penal, en la medida en que conlleva la privación del derecho fundamental a la libertad. Deben poseer el rango de leyes orgánicas y que, en virtud del art. 25.3 CE, la administración no podrá imponer sanciones que directa o indirectamente impliquen privación de libertad.

Vino a sustituir en muchos casos a la pena de muerte y, sobre todo, a las penas corporales como la tortura y las penas infamantes. Por otro lado, superaba también las privaciones de libertad que, consideradas como antecedentes de la pena de prisión, constituían una mera utilización del trabajo de los condenados y aprovechamiento de mano de obra sin costes (baste recordar el trabajo forzado de galeras o el trabajo en casas de corrección inglesas y holandesas en la madera o en hilados). La corrección moral de los penados que se decía pretender no era más que el ropaje con el que revestir su aprovechamiento en el proceso producivo, lo que diferencia a estas reclusiones de la prisión moderna.

Lo que más contribuyó al éxito de la prisión como pena caracterizada por la separación del individuo respecto de la sociedad durante un cierto tiempo fue la imposibilidad de imponer una sanción graduable cuantitativamente y adecuada a la gravedad del delito. La pena de prisión se aplicó totalmente desprovista de las mínimas condiciones de respeto a la dignidad humana que hoy se pretenden en los sistemas civilizados: la ausencia de condiciones sanitarias, el hacinamiento y el trato degradante fueron algunas de las características de las prisiones que determinaron el movimiento de reforma durante los ss. XVIII y XIX, en el que cabe destacar las figuras de Beccaria y Howard. Las tesis humanizadoras de la pena de prisión favorecieron su evolución hacia el pensamiento rehabilitador y defensor de la corrección del penado mediante la aplicación de la pena (Arenal, Silvela y Dorado Montero).

La idea de la rehabilitación del delincuente mediante la aplicación de la pena de prisión –lo que en términos más modernos se conoce como resocialización- conoció el auge del llamado “ideal resocializador” en los años 60-70 del s. XX.

Crítica al propio concepto de resocialización: cambiar las actitudes internas del penado o la hipocresía de intentar reincorporar al individuo a la misma sociedad que genera las causas de la delincuencia, sin procurar atajarlas. La propia situación de privación de libertad es inseparable de la creación de un mundo separado respecto a la sociedad, que se rige por sus propias pautas de comportamiento y que genera un sistema de valores diferente y relativamente autónomo, calificado de “subcultura carcelaria”. Los efectos negativos de la “prisionización” como interiorización de esas pautas de conducta y, desde luego, las consecuencias desocializadoras para los condenados, que suponen precisamente el efecto contrario de lo que se pretende perseguir.

Muñoz Conde y García Arán: la sociedad actual no parece estar en condiciones de prescindir totalmente de la pena de prisión, especialmente por razones de prevención general.

La pena de prisión –según dispone el art. 36 CP- tendrá una duración mínima de tres meses y máxima de veinte años, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos del CP. Su cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios que supongan acortamiento de la condena, se ajustará a lo dispuesto en las leyes y en el CP (arts. 53 y 71.2).

Por lo que respecta al límite máximo de la pena de prisión, los veinte años a los que se refiere el art. 36 CP pueden rebasarse por las penas específicamente previstas para algunos delitos (superasesinato del art. 140 o atentado terrorista del art. 572 CP), por la previsión de que la pena superior en grado a la de prisión de hasta veinte años es la misma con la cláusula de que su duración será de treita años (art. 70 CP), o por aplicación de las reglas especiales para la aplicación de las penas previstas en los arts. 73 y ss. CP. Mención especial merece la previsión contenida en el art. 76 CP, que permite elevar el límite máximo de la pena de prisión hasta cuarenta años.

PRINCIPIOS QUE INSPIRAN SU EJECUCIÓN.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE INSPIRAN LA LO PENITENCIARIA Y SU REGLAMENTO

“Puede entenderse el Derecho penitenciario como el conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución de las penas y medidas privativas de la libertad”.

La ley orgánica 1/1.979 de 26 de septiembre, general penitenciaria, constituye la norma fundamental que conforma la legislación penitenciaria.

Art. 25.2 CE: “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social, y no podrán consistir en trabajos forzados”.

Art. 3.2 CP: “tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la ley y reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto. La ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará bajo el control de los Jueces y Tribunales competentes.

Art. 2 LOGP reitera el sometimiento al principio de legalidad al disponer que “la actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías y dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las sentencias judiciales”.

Art. 76 LOGP: funciones del juez de vigilancia penitenciaria:

1. EL juez de vigilancia tendrá atribuciones para hacer cumplir la pena impuesta, resolver los recursos referentes a las modificaciones que pueda experimentar con arreglo a lo prescrito en las leyes y reglamentos, salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse.

2. Corresponde especialmente al juez de vigilancia:

a) Adoptar todas las decisiones necesarias para que los pronunciamientos de las resoluciones en orden a las penas privativas de libertad se lleven a cabo, asumiendo las funciones que corresponderían a los Jueces y Tribunales sentenciadores.

b) Resolver sobre las propuestas de libertad condicional de los penados y acordar las revocaciones que procedan.

c) Aprobar las propuestas que formulen los establecimientos sobre beneficios penitenciarios que puedan suponer acortamiento de la condena.

d) Aprobar las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a catorce días.

e) Resolver por vía de recurso las reclamaciones que formulen los internos sobre sanciones disciplinarias.

f) Resolver en base a los estudios de los Equipos de Observación y de Tratamiento, y en su caso de la Central de Observación, los recursos referentes a la clasificación inicial y a progresiones y regresiones de grado.

g) Acordar lo que proceda sobre las peticiones y quejas que los internos formulen en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto afecte a los DDFF o a los derechos y beneficios penitenciarios de aquellos.

h) Realizar las visitas a los establecimientos penitenciarios que previene la LECrim.

i) Autorizar los permisos de salida cuya duración sea superior a dos días, excepto de los clasificados en tercer grado.

j) Conocer del paso a los establecimientos de régimen cerrado de los reclusos a propuesta del director del establecimiento.

ESPECIAL CONSIDERACIÓN DEL SISTEMA DE INDIVIDUALIZACIÓN CIENTÍFICA Y EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO. LOS GRADOS PENITENCIARIOS: PROGRESIÓN Y REGRESIÓN EN GRADO.

La ejecución de la pena de prisión en nuestro país responde al sistema de “individualización científica”. “El sistema denominado progresivo o de individualización científica está ligado a la ideología reformadora , y como puede suponerse es, en diversas variantes, el más extendido en nuestro ámbito cultural. La esencia del sistema progresivo es la fragmentación o distribución de la ejecución de la pena privativa de libertad en varios periodos o etapas, en cada uno de los cuales se van otorgando al recluso más ventajas y privilegios (art. 72 LOGP).

En lo que respecta a las características básicas de los diversis grados en los que puede clasificarse inicialmente al sujeto, el primer grado supone destinar al penado al régimen cerrado, que se basa en la limitación de la vida en común y el aumento del régimen de aislamiento en celda. Por su parte, el segundo grado implica el cumplimiento de la pena de prisión en establecimientos de régimen ordinario. Finalmente, el tercer grado se caracteriza por su desarrollo en establecimientos de régimen abierto, que permiten al interno el disfrute de permisos de salida (arts. 100-104 RP).

Para la clasificación de los penados en los grados señalados se procederá inicialmente a la observación del sujeto. La clasificación habrá de tener en cuenta no solo la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno, sino también la duración de la pena y medidas penales en su caso, el medio al que probablemente retornará y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento (art. 63 LOGP), que “consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados (art. 59 LOGP).