domingo, 24 de marzo de 2013

La suspensión de la ejecución de la pena



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Se regula en los arts. 80 a 87 del Código Penal y consiste en una facultad que se otorga a jueces y tribunales de evitar el cumplimiento normalizado de las penas privativas de libertad. Bajo su régimen más común, las posibilidades de suspensión se establecen para penas de naturaleza leve o menos grave-hasta dos años- (art. 80.1 CP), pudiendo alcanzar a las de cinco años si los destinatarios de la condena hubieren cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia de las drogas (art. 87 CP) y, sin límite de duración, cuando se trata de penados que se hallan aquejados de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables (art. 80.4 CP).

La finalidad preventivo-especial de esta disposición estaba fuera de duda. Una de las ventajas reconocidas al sistema anglosajón de probation es, precisamente, la de evitar el criminógeno efecto de los antecedentes penales sobre quien tiene reconocido un pronóstico favorable de no delincuencia futura y es, en razón a él, que se le exime de pena. El condenado condicionalmente que haya obtenido la remisión definitiva de su pena (art. 130.3 CP) deberá someterse, como cualquier otro condenado, a los plazos de rehabilitación establecidos para cancelar sus antecedentes penales (art. 136.3 CP).

No hay inconveniente en afirmar que el juicio acerca de la peligrosidad criminal del condenado es “fundamental”-son las palabras de la ley (art. 80.1 CP)- no solo para el régimen de suspensión ordinaria sino también en el especial que se prevé para drogodependientes (art. 87 CP). Su significado puede deducirse de los términos en que se expresa el art. 95.2 CP, interpretados negativamente: es preciso “que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la posibilidad de (no) comisión de nuevos delitos”. A pesar de las dificultades previsibles que ese pronóstico de no reincidencia futura va a hallar en su camino, dada su ambigüedad, lo cierto es que resulta un criterio congruente para motivar una decisión de naturaleza preventivo especial como la que aquí se pretende.

Tratándose de la suspensión especial del art. 87 CP, ese juicio de no peligrosidad aparece vinculado, por imposición legal, a la firme voluntad de deshabilitación-o de deshabituación ya conseguida- de quien delinquió a causa de su dependencia de la droga, debidamente certificadas por los centros o servicios responsables del tratamiento y por el informe perceptivo del médico forense. No se requiere que esa condición de drogodependiente haya motivado una atenuación penal en el juicio de condena.

En principio, pudiera parecer que este criterio de ausencia de peligrosidad criminal no ha sido tomado en cuenta por el legislador penal para condicionar la aplicación extraordinaria de la suspensión a enfermos muy graves con padecimientos incurables (art. 80.4 CP). Ello vendría a reforzar la idea de que, en su caso, nos hallamos ante “un auténtico indulto particular que poco tiene que ver con la suspensión ordinaria” en tanto que prescinde de todas sus exigencias: “no tiene límites de pena,... no exige límites en su aplicación y... no admite revocación”. Así sería, en efecto, si su fundamento se hiciera descansar exclusivamente en razones humanitarias. Sin embargo, la exigencia adicional que acompaña a esta forma de suspensión-“que en el momento de la comisión del delito (no) tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo” (art. 80.4 CP)- hace pensar que el legislador ha querido condicionar el otorgamiento del beneficio a “razones de prevención especial”, en el sentido de suponer “que un enfermo grave es escasamente peligroso”, salvo que se demuestre lo contrario por haber delinquido ya bajo el régimen de una suspensión anterior.

Art. 80.4 CP: “los Jueces y Tribunales sentenciadores podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno”.

Solo puede ser suspendida la ejecución de las penas privativas de libertad que, según el art. 35 CP, son “la prisión, la localización permanente y la responsabilidad penal subsidiaria por impago de multa”. El cómputo de los límites legales de suspensión-hasta dos (art. 80.1 CP) o cinco años (art. 87 CP) de “pena impuesta”- no plantea problemas de interés una vez desaparecido el arresto de fin de semana que obligaba a utilizar módulos de conversión a días computables. El nuevo art. 81.2 hace una concesión a los condenados a privación de libertad a título de responsabilidad penal subsidiaria por impago de una multa al establecer que su cuantía no se incluirá en el cálculo de los dos años preceptivos para otorgar la suspensión.

El régimen más estricto de condiciones corresponde a la suspensión ordinaria del art. 80 CP. Para su concesión son, además, requisitos esenciales que el condenado haya delinquido por primera vez y que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles (art. 81.1 y 3 CP). Por “delincuente primario” se entiende el que no ha cometido delito doloso con anterioridad o ha sido o puede ser rehabilitado conforme al art. 136 CP. Los antecedentes por delito imprudente o ya cancelados no se tienen en cuenta por voluntad legislativa (art. 81.1 CP); tampoco por falta, según la opinión más generalizada.

En el caso de la suspensión especial del art. 87 hay una previsión concreta para los casos en que el condenado sea reincidente, invitando al tribunal a que valore motivadamente “la oportunidad de conceder o no el beneficio... atendidas las circunstancias del hecho y del autor” (art. 87.2 CP). No debiera figrar en el régimen de esta suspensión, y menos aún como exigencia decisoria, la circunstancia de que no se trate de un reo habitual (art. 87.1.2 CP). Tanto la condición de reincidente como la de habitual-que es una forma agravada de reincidencia definida en el art. 94 CP- no evidencian sino el fracaso de la prisión y ponen precisamente el acento sobre la necesidad de buscarle alternativas. Se requiere que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado (art. 109 CP), salvo que el penado esté total o parcialmente imposibilitado para hacer frente a las mismas (art. 81.3 CP).

El cumplimiento de las condiciones legales no garantiza la concesión del beneficio que dependerá, en último término, de una decisión motivada del juez o tribunal (art. 80.1 CP).

Asimismo corresponde al tribunal, si otorga la suspensión, establecer la duración de periodo de prueba a que se somete la puesta en libertad del condenado (art. 80.2 CP) y la fijación, en su caso, de obligaciones adicionales a la genérica de no delinquir durante ese plazo (art. 83.1 CP) que habrá de respetar los límites legalmente establecidos: tres meses a un año si la pena suspendida es leve, dos a cinco años si es inferior a dos años (art. 80.2 CP) y tres a cinco años en el caso de la suspensión especial del art. 87.3 CP. La suspensión extraordinaria del art. 80.4 CP no aparece condicionada a plazo ni obligación alguna, lo que refuerza su naturaleza de indulto particular.

Los criterios que deben guiar esa decisión están descritos en el Código y descansan en consideraciones de prevención especial-“las circunstancias personales del delincuente”- y de proporcionalidad-“las características del hecho y la duración de la pena (art. 80.2 CP). A unas y otras habrá de condicionarse el otorgamiento de la suspensión y la imposición de reglas de conducta durante el periodo probatorio sin hacer demasiado gravoso el régimen de la suspensión. En todo caso, el éxito de la prueba y la remisión definitiva de la pena se hacen depender legalente de que el condenado respete esas reglas de conducta y no cometa delito durante el plazo fijado. Si así fuera, la pena se dará por cumplida (arts. 85.2 y 87.5 CP). Pero si reincidiera o el incumplimiento de sus obligaciones fuera reiterado “el Juez o Tribunal revocará la suspensión de la ejecución de la pena”, dice el art. 84 CP. Esta es una condición asimismo aplicable a la suspensión especial del art. 87.3 CP que acompaña a la de que el condenado esté deshabituado o no haya abandonado el tratamiento de deshabituación.

Se prevé la posibilidad de prolongar el periodo de prueba por tiempo no superior a dos años si, finalizado el mismo, el reo no estuviera deshabituado y se estimara necesaria la continuación del tratamiento (art. 87.5 CP).

El incumplimiento ocasional de las reglas de conducta en el régimen general de suspensión podrá determinar su sustitución por otras distintas o la prórroga del plazo de suspensión por un tiempo no superior a cinco años, según las posibilidades que ofrece el art. 84.2 CP.