domingo, 24 de marzo de 2013

La sustitución de la pena



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Además de las previsiones de sustitución legal de las penas de prisión inferiores a tres meses, el Código contempla otros supuestos de sustitución judicial en tanto que posibilidades que se reconocen a los tribunales de imponer motivada-pero discrecionalmente- penas distintas a la privación de libertad de escasa duración.

Es la primera vez que nuestro Derecho contempla esos mecanismos alternativos y lo hace autorizando la sustitución de las penas de prisión de un año-y excepcionalmente de dos- por multa o por trabajos en beneficio de la comunidad o por ambas cosas al mismo tiempo “cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo por reparar el daño causado así lo aconsejen” (art. 88.1 CP).

Los módulos de conversión que deben tenerse en cuenta para sustitución son ahora muy simples: “cada día de prisión (se sustituirá) por dos cuotas de multa o por una jornada de trabajo” (art. 88.1 CP). El régimen de ejecución de esas penas sustitutivas es el establecido con carácter general en los arts. 49 y 50 CP. En el caso de su incumplimiento total o parcial, el art. 88.2 CP establece, parece que para los solos casos de infracción del régimen de días-multa, que “la pena de prisión inicialmente impuesta se ejecutará descontando, en su caso, la parte de tiempo a que equivalgan las cuotas satisfechas, de acuerdo con las reglas de conversión respectivamente establecidas en los apartados precedentes”.

Otro supuesto de sustitución, esta vez de penas privativas de libertad graves, es el de la medida de expulsión para extranjeros no residentes legalmente en España, que se contempla en el art. 89.

Pese al carácter de “beneficio penal” que quiere otorgarse a esta forma sustitutiva de la privación de libertad, nadie duda de que su fundamento es puramente interesado y utilitarista: “seleccionar la calidad de los extranjeros y de paso ayudar a paliar el grave problema de congestión que sufren nuestros establecimientos penitenciarios”, “paliar los ingentes costes que los presos extranjeros están haciendo soportar a nuestro Erario Público” y velar por la seguridad ciudadana.