jueves, 29 de agosto de 2013

La impunidad en el delito de trata ilegal de personas - Reflexión



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Desde un punto de vista eminentemente criminológico, la trata ilegal de personas o trata de seres humanos puede considerarse un delito que presenta una alta dificultad en su prevención y combate en virtud de la naturaleza extraterritorial de la actividad ilícita o delictiva, la dificultad de que las víctimas denuncien, el poderío de los imperios criminales que suelen mezclar esta actividad con otras igualmente ilegales, pero lo más grave de todo es que existe una marcada pasividad y corrupción en las autoridades oriundas de las naciones de origen.

Trata de seres humanos

A instancias legislativas, el aumento de la dureza de las políticas inmigratorias tampoco resulta muy efectivo para poder luchar contra este tipo de delito puesto que mientras más gravosas o duras se hacen las penas, más suelen las personas acudir a las mafias o personas al margen de la ley para incurrir en la actividad ilegal y conseguir emigrar a través de ella. Este tipo de situaciones pueden ocasionar un efecto conocido como el desplazamiento de la conducta delictiva a otros países vecinos. Vale la pena entonces considerar bajo estos criterios, la flexibilización del Derecho Penal en cuanto a la conducta y de las políticas inmigratorias para así poder evitar que las personas continúen acudiendo a redes criminales para consumar sus propósitos de buscar mejores oportunidades de vida en otros territorios.

Desde las órbitas policiales y judiciales, el problema central radica en que para poder luchar contra este tipo de delitos se requiere un mayor grado de denunciabilidad por parte de las víctimas y testigos, los cuales por lo general guardan silencio por temor a represalias, por desconfianza a las autoridades o simplemente por una necesidad meramente económica.

Por lo tanto, es necesario fomentar la denuncia por parte de los afectados con el delito ya que el recurso consagrado en el Derecho penal no parece ser realmente efectivo en aras de poder dar de baja al delito. Bajo este criterio, el rol de las autoridades es absolutamente determinante, al igual que el de la policía y trabajadores sociales que deben estar siempre dispuestos a ayudar a las víctimas, convenciéndolas para que denuncien el delito siempre y cuando brinden de antemano las garantías de protección necesarias.

Fuente de la imagen:
ACNUR - Agencia de la ONU para los refugiados