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El delito de injuria

Documentos legales y lupa sobre escritorio, simbolizando análisis del delito de injuria en derecho

La injuria es el delito contra el honor que consiste en la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Se regula en el capítulo II del título XI del Código Penal (arts. 208 a 210), dentro de los delitos contra el honor, cuyas disposiciones comunes con la calumnia están en los artículos 211 a 216.

Concepto de injuria: artículo 208 del Código Penal

El artículo 208 establece: «Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 173. Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad».

De este precepto se desprenden tres ideas: la injuria se define por la lesión de la dignidad ajena; solo es delito cuando es grave, y la gravedad se mide con un criterio objetivo, el «concepto público», y no por la sensibilidad del ofendido; y la imputación de hechos solo es grave si se hace sabiendo que es falsa o con temerario desprecio hacia la verdad.

Las injurias leves ya no son delito

Hasta la reforma de la Ley Orgánica 1/2015, que suprimió las faltas, la injuria leve se castigaba como falta (art. 620 del Código Penal anterior a la reforma). Hoy el Código Penal solo castiga las injurias graves: las leves han dejado de ser infracción penal y quedan, en su caso, para la vía civil de protección del honor de la Ley Orgánica 1/1982.

La única excepción es la injuria o vejación injusta de carácter leve cuando la persona ofendida es alguna de las del artículo 173.2 (cónyuge o pareja, descendientes, ascendientes, hermanos, menores o personas con discapacidad que convivan con el autor, etc.). El artículo 173.4 la castiga con localización permanente de cinco a treinta días, trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días o multa de uno a cuatro meses, y solo es perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

Sujetos y conducta típica

El sujeto activo y el sujeto pasivo pueden ser cualquier persona. La conducta típica consiste en una acción, que puede manifestarse en una expresión oral o escrita o en un gesto, con contenido lesivo para la dignidad del ofendido. Ese contenido puede ser:

  • La negación de una cualidad.
  • La atribución de un demérito.
  • Una expresión gestual.

También encajan en la injuria las expresiones que causan un perjuicio en el ámbito profesional o comercial de la persona ofendida cuando atacan su dignidad.

El ánimo de injuriar y la libertad de expresión

La injuria es un delito doloso: exige la voluntad de ofender, lo que tradicionalmente se denomina animus iniuriandi. Este ánimo puede quedar descartado cuando las expresiones se pronuncian con otra finalidad, como criticar (animus criticandi), informar o defenderse. Según el Tribunal Supremo, lo decisivo no es la literalidad de las palabras sino la intención con que se profieren y el contexto en que se dicen.

Cuando las expresiones se enmarcan en el ejercicio de la libertad de expresión o de información (art. 20 de la Constitución), los tribunales ponderan los dos derechos en conflicto, porque el propio artículo 20.4 de la Constitución sitúa el límite de esas libertades, especialmente, en el derecho al honor. La libertad de expresión protege la crítica dura, incluso desabrida, sobre asuntos de interés público; pero no ampara el insulto gratuito ni las expresiones formalmente injuriosas y ofensivas que no son necesarias para la crítica. Así lo apreció el Tribunal Supremo al confirmar en 2022 la condena por injurias con publicidad de un médico que difundió vídeos en redes sociales contra dos responsables políticos andaluces (nota del Poder Judicial).

Penas de la injuria: artículo 209

El artículo 209 dispone: «Las injurias graves hechas con publicidad se castigarán con la pena de multa de seis a catorce meses y, en otro caso, con la de tres a siete meses». La injuria grave sin publicidad, por tanto, también es delito, aunque con una multa menor.

Según el artículo 211, la injuria se considera hecha con publicidad cuando se propaga por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, categoría en la que los tribunales incluyen hoy las redes sociales y los medios digitales. El artículo 212 declara responsable civil solidaria a la persona física o jurídica propietaria del medio a través del cual se propagó la injuria, y el artículo 216 establece que la reparación del daño comprende también la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria a costa del condenado.

Cuándo se consuma la injuria

Según la doctrina, la injuria se consuma cuando la expresión llega a conocimiento de su destinatario o de un tercero. De ahí se derivan varias reglas prácticas:

  • Si se trata de escritos, hace falta que se difundan.
  • Si la injuria se realiza por carta, esta debe llegar a su destinatario.
  • Si se reproduce por imprenta, el delito se produce desde el momento en que se publica.
  • Si la conoce un tercero, el delito ya se ha producido.

Rectificar después no elimina el delito, aunque el artículo 214 permite atenuar la pena, como se verá más adelante.

Exención por la prueba de la verdad: artículo 210

El artículo 210 establece: «El acusado de injuria quedará exento de responsabilidad probando la verdad de las imputaciones cuando estas se dirijan contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de infracciones administrativas».

Hasta 2015 este artículo hablaba también de «faltas penales»; al desaparecer las faltas, la referencia quedó reducida a las infracciones administrativas. La exención solo opera cuando la persona ofendida es un funcionario público y las imputaciones se refieren al ejercicio de sus funciones: si el acusado prueba que los hechos son ciertos, queda exento de responsabilidad.

Agravante y atenuante

Si la calumnia o la injuria se cometen mediante precio, recompensa o promesa, el artículo 213 impone, además de las penas del delito, la inhabilitación especial de los artículos 42 o 45 por tiempo de seis meses a dos años; esta regla se aplica igualmente al delito de calumnia.

Por el contrario, el artículo 214 prevé una atenuante: si el acusado reconoce ante la autoridad judicial la falsedad o falta de certeza de las imputaciones y se retracta, el juez impone la pena inferior en grado, podrá dejar de imponer la inhabilitación del artículo 213 y ordenará entregar testimonio de la retractación al ofendido y, si este lo solicita, su publicación en el mismo medio en que se vertió la injuria.

Persecución y prescripción

Según el artículo 215, nadie será penado por injuria sino en virtud de querella de la persona ofendida o de su representante legal; solo se procede de oficio cuando la ofensa se dirige contra funcionario público, autoridad o agente de la autoridad sobre hechos concernientes al ejercicio de su cargo. Tampoco puede deducirse acción por injurias vertidas en juicio sin licencia previa del juez o tribunal que conozca o haya conocido del asunto. El perdón de la persona ofendida extingue la acción penal, salvo lo dispuesto en el artículo 130.1.5.º, párrafo segundo, para los delitos cometidos contra menores o personas con discapacidad que afecten a bienes jurídicos eminentemente personales.

El delito de injuria prescribe al año (art. 131.1 del Código Penal), plazo muy breve que obliga a actuar con rapidez.

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE), arts. 130, 131, 173 y 205 a 216; Ley Orgánica 1/1982, de protección civil del derecho al honor; Poder Judicial: confirmada la condena a un médico por injurias en redes sociales (2022).

Beatriz Nicolás es licenciada en Derecho y redactora de artículos jurídicos.