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Delitos contra el honor: el delito de calumnia

Escritorio sobrio con máquina de escribir y documentos que evocan el análisis del honor y la calumnia

Los delitos contra el honor se regulan en el título XI del libro II del Código Penal (arts. 205 a 216) y son dos: la calumnia y la injuria. Lo que en el lenguaje común se llama «difamación» no es una figura penal autónoma: según lo que se difunda, será calumnia, si se atribuye falsamente un delito, o injuria, si se lesiona de otro modo la dignidad de la persona.

El honor como bien jurídico protegido

El bien jurídico protegido es el honor, derecho fundamental reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución, que el artículo 20.4 establece además como límite de la libertad de expresión y de información. Suele entenderse en dos dimensiones: una subjetiva, la estimación que cada persona tiene de sí misma, y una objetiva, la reputación o fama de que goza ante los demás. La calumnia y la injuria pueden lesionar una u otra, y la gravedad del daño depende de su alcance y de la publicidad con que se haya propagado.

Estructura del título XI

  • Capítulo I (arts. 205 a 207): la calumnia.
  • Capítulo II (arts. 208 a 210): las injurias.
  • Capítulo III (arts. 211 a 216): disposiciones generales, comunes a ambos delitos (publicidad, responsabilidad civil solidaria del medio, precio o recompensa, retractación, querella y reparación del daño).

El delito de calumnia: artículo 205

El artículo 205 define la calumnia: «Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad». Por tanto, calumniar es delito cuando se atribuye falsamente a alguien la comisión de un delito concreto.

Para que exista calumnia deben concurrir los siguientes elementos:

  • Imputación de un delito concreto. Debe atribuirse un hecho delictivo determinado, sea perseguible de oficio o solo a instancia de parte; las expresiones genéricas («es un ladrón») o las que imputan hechos que no son delito se encuadran, en su caso, en la injuria. Es indiferente que se le atribuya la autoría o la participación.
  • Falsedad de la imputación. Si el hecho es cierto no hay calumnia, y si se trata de una denuncia hecha ante la autoridad, el tipo aplicable no es la calumnia sino, en su caso, la acusación y denuncia falsa, que exige que la imputación se formule ante un funcionario judicial o administrativo con el deber de proceder a su averiguación.
  • Dolo. Es un delito doloso: la imputación debe hacerse con conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio hacia la verdad, esto es, sin comprobar la certeza de lo que se afirma pese a que se sabe que puede ser falso.
  • Sujetos. El sujeto activo puede ser cualquier persona. Sujeto pasivo es la persona a la que se atribuye el delito; si es una persona jurídica, la doctrina discute en qué medida puede ser ofendida por este delito.

Se trata de un delito de mera actividad: se consuma con la imputación falsa, siempre que llegue a conocimiento de otra persona (el propio ofendido o un tercero), sin que sea necesario que se llegue a producir un daño efectivo en la reputación. Con la imputación, los familiares del ofendido pueden sentirse también perjudicados, pero la titularidad del honor protegido corresponde al imputado.

Penas de la calumnia: artículo 206

El artículo 206 señala: «Las calumnias serán castigadas con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a 24 meses, si se propagaran con publicidad y, en otro caso, con multa de seis a 12 meses». Si la calumnia se propaga con publicidad, la pena puede llegar a la cárcel; si no, solo hay multa. La redacción original de 1995 fijaba multas de seis a veinticuatro meses y de cuatro a diez meses; la actual procede de la Ley Orgánica 15/2003.

Según el artículo 211, hay publicidad cuando la calumnia se propaga por imprenta, radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, lo que hoy incluye las redes sociales y los medios digitales. El propietario del medio responde civilmente de forma solidaria (art. 212).

Exención por prueba del hecho: artículo 207

El artículo 207 establece: «El acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado». Es decir, si se prueba que el delito imputado se cometió realmente, el acusado de calumnia queda exento de pena. A diferencia de la injuria (art. 210), esta exención opera con independencia de quién sea el ofendido.

Calumnia reiterada y relación con la injuria

Si una misma calumnia se repite varias veces, puede apreciarse un delito continuado (art. 74). Si se imputan delitos distintos, hay tantos delitos como imputaciones, en concurso. Las injurias que acompañen a la calumnia y estén conectadas con ella quedan absorbidas por esta, por aplicación del principio de consunción.

Disposiciones comunes a la calumnia y la injuria

  • Precio, recompensa o promesa (art. 213): además de las penas, inhabilitación especial de los artículos 42 o 45 por tiempo de seis meses a dos años.
  • Retractación (art. 214): si el acusado reconoce ante la autoridad judicial la falsedad de las imputaciones y se retracta, se le impone la pena inferior en grado, y el juez ordenará entregar testimonio de la retractación al ofendido y, a petición de este, su publicación.
  • Persecución (art. 215): solo por querella de la persona ofendida o de su representante legal; se procede de oficio cuando la ofensa se dirige contra funcionario público, autoridad o agente de la autoridad sobre hechos concernientes al ejercicio de su cargo. Para ejercitar acciones por calumnias vertidas en juicio se necesita licencia previa del juez o tribunal. El perdón del ofendido extingue la acción penal, con las excepciones del artículo 130.1.5.º.
  • Reparación del daño (art. 216): incluye la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria, a costa del condenado.

Prescripción

Los delitos de calumnia y de injuria prescriben al año (art. 131.1 del Código Penal), a diferencia de los delitos graves y menos graves, cuyo plazo mínimo es de cinco años.

Fuentes: Código Penal (texto consolidado, BOE), arts. 74, 130, 131 y 205 a 216; Constitución Española, arts. 18 y 20; Ley Orgánica 1/1982, de protección civil del derecho al honor.

Beatriz Nicolás es licenciada en Derecho y redactora de artículos jurídicos.